El sistema de transporte público por colectivos sufrió un nuevo impacto tras la decisión del Gobierno nacional de congelar el esquema de la Tarifa Social Federal. Bajo el mecanismo anterior, cada vez que el boleto sufría modificaciones en sus valores, el Estado central garantizaba el subsidio del 55% del costo para los beneficiarios de los atributos sociales Sube. A partir de este mes, la asistencia quedó fija con base en los precios vigentes al 30 de junio, lo que traslada de manera directa el financiamiento de futuros aumentos a las jurisdicciones locales y a las empresas operadoras.

En diálogo con LT10, Víctor Zavagna, integrante de la firma Autobuses Santa Fe, analizó las repercusiones de la medida y alertó sobre las consecuencias que tendrá en el servicio de la capital provincial: "Es una medida más en sintonía con los recortes que venimos escuchando. Elegantemente se habla de autonomía y de que cada sistema sea autosustentable, pero esto no es más ni menos que otra quita de financiamiento a sistemas que ya están muy golpeados".

El nuevo "tope" a los subsidios

Según explicó el referente empresario, la resolución establece que el beneficio del 55% de descuento para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales se mantiene, pero calculado estrictamente sobre la tarifa de referencia de junio.

"Ante un nuevo incremento tarifario, el Estado nacional va a topear su aporte en función de la tarifa que estaba vigente el mes pasado. En concreto, se congela la asistencia para poner en caja la tesorería nacional, trasladando el problema a los sistemas de transporte locales", detalló Zavagna.

Al ser consultado sobre quién absorberá la diferencia económica de ahora en adelante, el directivo afirmó que "esto profundiza el desfase existente entre los costos operativos y la financiación".

De esta forma, "el mayor costo se trasladará a la Municipalidad de Santa Fe, que tendrá que evaluar si equilibra la operación con fondos propios o mediante subas en la tarifa", y "claramente terminará afectando al pasajero que paga la tarifa plana".

Gratuidades sin financiamiento y la brecha con Buenos Aires

Zavagna calificó como "demagogia pura" el hecho de que diferentes estamentos gubernamentales continúen estableciendo franquicias y gratuidades en los boletos sin especificar cómo se van a financiar. Como ejemplo, citó el caso de los pases por discapacidad: "Prácticamente el 15% de los viajes actuales corresponden a esta condición y no son reconocidos ni por Nación, ni por Provincia, ni por el Municipio".

Por otra parte, se refirió a la histórica disparidad de costos entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior, especialmente ante el malestar generado en la Capital Federal por un boleto cercano a los $820.

"En Buenos Aires recién están viviendo ahora el proceso de ajuste vía tarifa que nosotros ya atravesamos en los últimos dos o tres años. El costo del sistema en Santa Fe y en Buenos Aires es el mismo: el salario es igual y las unidades son las mismas. Sin embargo, por el mismo trayecto, en Santa Fe se paga más del doble".

Finalmente, el representante de Autobuses Santa Fe confirmó que la presión sobre el precio del boleto sigue vigente, potenciada por las recientes subas en los combustibles y las próximas discusiones paritarias del sector. "Hoy estamos con una tarifa que quedó un 10% por debajo de lo solicitado en el mes de abril. Lo lógico hubiese sido que, si el Gobierno nacional congelaba la asistencia, generara al menos algún alivio en los costos impositivos que paga el transporte, algo que no ocurrió", concluyó.

"Hay ciudadanos de primera y de segunda"

Por su parte, Roberto Albisu, referente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), coincidió en que toda reducción de aportes nacionales la termina pagando el usuario o, de última instancia, las arcas municipales y provinciales.

"La Nación ha tenido una política muy clara de no interesarle lo que pasa en el interior en materia de transporte. Los atrasos en los pagos siguen existiendo; pagan con 60 o 90 días de atraso en una economía con un crecimiento constante de precios".

Albisu remarcó que el congelamiento del aporte al 30 de junio implica que, ante cualquier modificación tarifaria futura, el pasajero con beneficio Sube irá perdiendo proporcionalmente el descuento. "Mire, la Nación no está haciendo un subsidio, lo que hace es pagar una compensación sobre un beneficio establecido por la Anses. Al licuarse ese porcentaje, el castigado vuelve a ser el usuario de menores recursos, que no tiene otra alternativa económica", sentenció.

El representante de FATAP manifestó que la medida no los toma por sorpresa, ya que forma parte de una tendencia iniciada en 2018 para desvincular al Estado nacional de sus obligaciones con el interior. Sin embargo, criticó con dureza la falta de equidad federal:

"Las lógicas de los gobiernos yo no las entiendo cuando no se fija una política clara en igualdad de condiciones. Si fuera para todos iguales, le digo que es una lógica. La ilógica es que existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En el AMBA se siguen aportando los fondos que se venían aportando y los ajustes tarifarios no desafectan el subsidio nacional".

Frente al panorama actual, marcado por el reciente ajuste impositivo en los combustibles y el reclamo salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con retroactividad al mes de mayo, Albisu advirtió que la ecuación económica del servicio está rota. "Provincias y municipios tendrían que estar dispuestos a aumentar el volumen de sus subsidios si quieren evitar que la tarifa se vuelva impagable, pero muchas veces no cuentan con los recursos para hacerlo. No se puede pretender que las empresas privadas tengan la capacidad social para atender estas situaciones de desigualdad", concluyó.

Audio: Victor Zavagna, integrante de Autobuses Santa Fe