El 29 de abril de 2003 el río Salado ingresó a la ciudad de Santa Fe por el tramo III de la defensa, nunca terminado, provocando que 130 mil santafesinos perdieran gran parte de su historia. El paso del agua por la ciudad determinó la muerte de 23 personas para el relato oficial, aunque según organismos de derechos humanos los fallecidos suman 158, teniendo en cuenta los parámetros de la Organización Mundial de la Salud.
Como cada 29 de abril, esta tarde se conmemorará la triste fecha en la Plaza de Mayo, donde resonará el pedido de Justicia por la causa Inundación.
El proceso judicial
La causa Inundación se inició a pocos días de la catástrofe, el 5 de mayo de 2003, pero aún no arribó a sentencia.
En 2006, el juez Jorge Patrizi procesó al exintendente Marcelo Álvarez, al exdirector de Hidráulica provincial Ricardo Fratti y al exministro de Obras Públicas Edgardo Berli, bajo el cargo de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.
Además, el Municipio y la Provincia también resultaron involucrados, debido a la demanda interpuesta por los actores civiles Jorge Castro y Milagros Demiryi.
En tanto, el exgobernador Carlos Alberto Reutemann dio su testimonio por escrito en dos oportunidades (2004 y 2013), pero nunca fue indagado y mucho menos imputado. Esto constituye uno de los reclamos más resonantes de los afectados por la tragedia.
En 2008, el por entonces fiscal Norberto Nisnevich requirió la elevación a juicio y fue entonces que comenzó la avalancha de maniobras dilatorias por parte de los acusados (recursos y apelaciones).
Así, recién tres años después se inició la instancia definitoria, que continúa hasta hoy.
Durante la etapa de producción de pruebas, transcurrida en 2013, más de 30 testigos se presentaron en Tribunales. Entre ellos, el exgobernador Jorge Obeid y el pluriministro de Reutemann, Juan Carlos Mercier, a quienes los inundados también sindican como corresponsables del ingreso del agua en la ciudad.
En octubre de 2015, Álvarez presentó el cuarto pedido de prescripción de la causa, luego de que la Justicia le negara los tres anteriores. Además, apeló el cierre del período de pruebas, pese a que, cuando tuvo oportunidad, no presentó ninguna.
Ahora, tres jueces del interior deberán resolver sobre esos planteos. Como no quedan magistrados en la circunscripción judicial local que no hayan intervenido en algún momento del proceso, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió que se sorteara entre los cuatro camaristas disponibles en Rafaela y Vera. Fueron asignados los doctores Juan Manuel Oliva y Hugo Degiovanni de la Perla del Oeste, y Mario Enrique Balestieri de la ciudad del norte provincial.
En el caso de que el Tribunal vuelva a fallar en contra de Álvarez, el expediente volverá a manos del actual juez, Octavio Silva, para que las partes emanen sus conclusiones y se llegue, de una vez, a una sentencia.