La muerte de Rafael Huala no es una buena noticia. Nunca la muerte de alguien puede ser una buena noticia. Según la información disponible este muchacho de 22 años se sumó a la denominada causa mapuche en las últimas semanas. Familia humilde, criado en las rigores de la pobreza, creyó con los recursos que le daba su realidad que ésa era una salida. Por supuesto que estaba equivocado, pero además tuvo mala suerte, porque no todos los equivocados en esta vida mueren en el intento. Pobre Rafael. El destino lo puso en el lugar equivocado, en el momento equivocado y defendiendo la causa equivocada. Su madre dijo que los mapuches de RAM le lavaron la cabeza. Se la lavaron o se la secaron. Pero lo cierto es que con sus años y su historia tomó una decisión equivocada. Trágicamente equivocada. Y el error le costó la vida.
El gobierno nacional tomó nota de lo que significa una muerte y por eso le envió las condolencias a sus familiares. El detalle merece destacarse porque ese paso no se da por la muerte de un delincuente común. Institucionalmente el gobierno nacional no renegó de lo que hizo pero tampoco lo festejó. ¿Podría haber hecho otra cosa? ¿Permitir por ejemplo que RAM ocupe territorios, lance proclamas contra el estado, aliente la rebelión contra las autoridades políticas? Ningún estado nacional soberano puede permitirlo. No sería estado y mucho menos nacional.
En Chile, a este tema las autoridades políticas conservadoras y socialistas lo tienen claro desde hace rato. La rebelión del RAM y otras siglas mapuches no tienen nada que ver con el pluralismo, el disenso y los derechos humanos. Tampoco con el controvertido tema de las tierras que según la Constitución se le deben reconocer a los denominados pueblos originarios.
En el caso que nos ocupa estamos ante una rebelión con objetivos reaccionarios y metodología violenta. Es lo que declaran y escriben; es lo que dicen en sus proclamas y propagan a través de las redes sociales. Convengamos que en este contexto los márgenes de negociación son prácticamente nulos. El estado nacional puede y debe abrir instancias de diálogo, pero con actores decididos a respetar las reglas de juego de un orden democrático. El actual gobierno ha insistido en diferentes momentos y con diferentes registros acerca de su voluntad de dialogar con las comunidades originarias alrededor de temas como la tierra, la integración social e incluso el respeto a sus identidades. Pero lo que no puede hacer es darle identidad a grupos que alientan la secesión territorial. Si lo hiciera, no solo estaría cometiendo un error sino negando su condición estatal.
En la Argentina todo esto se complica con la presencia de sectores de la oposición oportunistas que no vacilan en apoyar causas, con las que tienen poco y nada que ver, con el objetivo de desprestigiar al gobierno, cuando en realidad a lo que desprestigian es al Estado. Las declaraciones del señor José Luis Gioja, empinado dirigente del PJ pero, por sobre todas las cosas, político mañoso y ventajero, reivindicando luchas en las que nunca estuvo y presentándose como el abanderado de la causas indigenistas, es un testimonio elocuente de lo que estamos hablando acerca del oportunismo y la
demagogia. La vocinglería del kirchnerismo y de la izquierda opera con registros diferentes, pero llevando agua al mismo molino.
La diferencia entre un político responsable y otro irresponsable se expresa en el caso que nos ocupa entre Gioja y el gobernador peronista de Río Negro, Alberto Weretilneck. No sé exactamente qué piensa o quiere el señor Weretilneck, pero está claro que desde su responsabilidad como gobernador no puede permitirse escupir para arriba o pegarse un tiro en el pie alentando con objetivos demagógicos conductas cuyas primeras víctimas sería los habitantes de su provincia. Dicho con otras palabras: condenó el accionar del RAM advirtió sobre el peligro que representa para la región y el país y de hecho, sin decirlo coincidió con el gobierno nacional.
¿Justifica esto la muerte de Rafael Nahuel? Nada justifica una muerte desde una ética humanista, pero en nombre de estos mismos valores nada justifica y sobre todo, nada autoriza a alzarse en armas contra las autoridades nacionales. Y esto es lo que el RAM hizo y hace. Dicho de la manera más suave posible: quien declara la guerra a un estado nacional no pude sorprenderse de un desenlace desagradable. Los RAM lo saben, pero lo que también han aprendido de sus amigos de la ETA o de las FARC o del terrorismo islámico, que sus guerras revolucionarias incluyen la táctica de victimizarse ante la opinión pública o de presentarse como luchadores de causas justas avasallados por gobiernos despóticos e insensibles.
¿Pero efectivamente los RAM estaban armados? Por supuesto que sí, pero sus voceros aseguran que no. La estrategia clásica de los grupos armados en estos tiempos es la de invocar para su causa los derechos y las garantías de un orden político cuya legalidad desconocen y en su intimidad repudian, mientras no se hacen cargo de ningún deber. En lo personal no tengo manera de verificar cómo fueron las alternativas del tiroteo que concluyó con la muerte de Nahuel, pero atendiendo a las declaraciones fundacionales de RAM, a sus manifiestos y proclamas hecha por sus líderes, tengo la certeza de que estaban armados y decididos a enfrentar con las armas en la mano a las autoridades nacionales.
En el caso que nos ocupa, en los días previos a la muerte de Nahuel circulaban las noticias de ocupaciones ilegales y movimientos de hombres armados. Como se dice en estos casos: se veía venir. Y si algún reproche se le deben hacer a las autoridades nacionales es no haber intervenido antes.
Cualquier libro de Instrucción Cívica reconoce que hay Estado cuando se ejerce el monopolio legítimo de la violencia. No hay Estado sin esa condición. No se trata de una máquina de matar o una banda mafiosa, se trata de un orden jurídico y político fundado en la legalidad y la legitimidad. Lo sucedido en el lago Mascardi se inscribe en ese contexto.