Se realizaron hoy siete audiencias imputativas contra los 36 presuntos miembros de una megabanda de prestamistas, pertenecientes a siete empresas dedicadas a actividades ilegales. Según el caso, recibieron cargos por asociación ilícita, usura, extorsión, tenencia de armas de fuego y amenazas coactivas.
De ellos, tres ya quedaron en prisión preventiva. En tanto, para otros 17 esa medida quedó pendiente y se les hará un juicio abreviado, y los restantes 16 fueron liberados.
Así lo confirmó en diálogo con el móvil de LT10 una de las fiscales del caso, Mariela Jiménez, quien además dio detalles del modus operandi de los imputados. Asimismo, confirmó que en uno de los casos investigados, una mujer embarazada de cinco meses se suicidó y dejó escrito en una carta que se quitaba la vida porque prefería morir a que mataran a su familia.
Investigación, allanamientos y detenciones
El viernes 27 de diciembre, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPA realizó 25 allanamientos a domicilios ubicados en Santa Fe y alrededores, vinculados a una banda dedicada a prestar dinero de forma ilegal, a tasas usurarias y que en muchos casos habría utilizado métodos muy violentos para cobrarle a sus deudores.
En aquella oportunidad, la fiscal Urquiza comentó que la causa se inició a raíz de reiteradas denuncias de damnificados, que habían sacado créditos en empresas 'irregulares'. Las personas que no podían cumplir con el pago de las cuotas se topaban con cobradores "que aplicaban medidas realmente violentas para cobrar", tales como amenazas, hostigamiento, o la quita de manera violenta (incluso con armas de fuego y agresión física) de sus bienes.