En las últimas semanas se produjeron tres asentamientos en distintos terrenos del norte de la ciudad. En lotes de Vialidad Nacional ubicados en Las Heras al 8300 se asentaron más de 40 familias el 11 de febrero. Casi simultáneamente otros vecinos hicieron lo mismo en otros predios de las zonas de Azcuénaga y Matheu, barrio Transporte, y Facundo Zuviría y Azcuénaga, para cuyo desalojo se necesitó la intervención de Gendarmería.
Sin embargo, pese a los intentos de moverlos de esos lugares hay familias que continúan instaladas en esos terrenos.
Sobre esta situación, la exsecretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia del municipio Andrea Valsagna profundizó en los motivos por los cuales se llega a este tipo de acciones.
"Las usurpaciones ponen en evidencia dos cosas: por un lado, la demora del Estado en intervenir en este tipo de episodios que resultan de la falta de acceso a una vivienda digna; y por otro, la violencia como método de resolución de conflictos", consideró, agregando que esto último es algo que "no debemos tolerar porque los barrios que nacen a partir de las usurpaciones se construyen en base a una matriz ilegal".
En ese sentido, analizó que estas situaciones se dan porque siempre hay alguien que "se aprovecha del desamparo de muchas familias y bajo códigos violentos", ya que como funcionarios municipales y provinciales actuales reconocieron "muchas veces son operaciones organizadas por gente que hace negocios a costa de la falta de acceso a la vivienda y el derecho que tienen muchas familias a conseguirlo y no pueden".
En tanto, opinó que el Estado, en sus distintos niveles, debe hacerse cargo del problema. "No vemos que esto suceda. Necesitamos un Estado que sea capaz para ofrecer propuestas realistas de acceso a la vivienda y activo para evitar que se instale la cultura de la ilegalidad como una norma urbana", haciendo hincapié en que no se naturalicen estos mecanismos porque "no es razonable que se convalide la metodología de acceso a los terrenos".