La jueza de primera instancia Norma Senn de Reconquista rechazó el pedido del abogado de Néstor Monzón, el sacerdote condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante y agravado (por su condición de cura) contra una niña y un niño, que al momento de los delitos tenían 4 y 3 años, respectivamente.
“La Defensa del sacerdote Néstor Fabián Monzón solicitó que la detención que viene cumpliendo en la cárcel de Santa Felicia, se convierta en prisión domiciliaria. El pedido fue fundado en la pandemia de coronavirus y la salud del condenado y en el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente de la Nación”, informó el fiscal Alejandro Rodríguez.
El funcionario del MPA señaló que “no había motivos para ordenar la prisión domiciliaria, y así lo sostuvimos a través de distintos argumentos en la audiencia. También recordó que “recientemente, en segunda instancia, ya fue rechazado otro pedido –por otros motivos– de morigeración de la medida cautelar hecho por los abogados del sacerdote”.
Por otro lado, en el sur provincial, en la ciudad de Venado Tuerno, el juez Mauricio Clavero también rechazó el pedido de prisión domiciliaria de un hombre cuyas iniciales son JEP y quien viene cumpliendo prisión preventiva en el marco de una investigación en la que está imputado como autor de los delitos de amenazas calificadas; daño simple; abuso y portación de arma de fuego.
“La Defensa del hombre investigado solicitó la morigeración del actual estado de detención de su pupilo porque consideraba que estaba dentro de los denominados grupos de riesgo”, informó el fiscal Damián Cassullo.
El fiscal de Venado Tuerto sostuvo que “nos opusimos al planteo ya que el imputado fue evaluado por el médico forense el 27 de febrero. Además, la Defensa no aportó ningún hecho patológico sobreviniente que permita sospechar que tenga síntomas de coronavirus”. En tal sentido, concluyó que “el advenimiento de la pandemia por sí solo no constituye causal de agravamiento en las condiciones de detención que justifique una atenuación de la coerción penal, ya que está debidamente garantizado el derecho a la salud del interno en su lugar de detención”.