El proyecto sobre la expropiación de la cerealera Vicentin, que aún no ingresó al Congreso, tendría un ágil tratamiento en el Senado, donde el Frente de Todos (FdT) posee la mayoría, en tanto que en Diputados el oficialismo debería recurrir a aliados para formar el quórum y pretender imponerse en la votación de la iniciativa.
El proyecto anunciado el pasado lunes por el presidente Alberto Fernández para el rescate de la empresa santafesina ingresaría por la Cámara alta, según aseguraron desde el oficialismo parlamentario.
Allí el FdT tiene mayoría para llegar al quórum y para imponerse en una votación simple; en cambio, en Diputados necesita entre 10 y 12 aliados de otros bloques para poder abrir las sesiones, y un número similar para aprobar una iniciativa.
Concretamente, en el Senado el FdT posee 40 votos propios sobre los 72 senadores que integran el cuerpo, tres más que el número requerido para el quórum.
No podrán ser 41 hasta dentro de tres meses, ya que el tucumano José Alperovich, acusado por presunto abuso sexual, está de licencia.
Además, el oficialismo tiene el respaldo del representante de Juntos Somos Río Negro, el ex gobernador Alberto Weretilneck; y de la senadora del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Magdalena Solari Quintana.
Por el contrario, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) sólo posee 25 integrantes, a los que se suman sus habituales aliados, los cuatro integrantes del Interbloque Federal: el salteño Juan Carlos Romero, la riojana Clara Vega, la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann.
En Diputados, en cambio, el FdT cuenta con 118 diputados propios, ya que el restante integrante de la bancada, el massista José de Mendiguren se encuentra de licencia para ocupar la presidencia del Banco de Inversión.
Con ese número, el oficialismo está a 11 diputados de alcanzar el quórum de 129, por lo que para lograrlo debe recurrir al resto de los bloques que integran la Cámara; descontando a JxC, que con sus 116 integrantes, concentra el núcleo duro de rechazo al proyecto.
El abanico de 22 diputados que no pertenecen a ninguno de los dos espacios mayoritarios, y en el cual el oficialismo debe buscar aliados lo componen el Interbloque Federal, integrado por cinco lavagnistas (cuatro bonaerenses y un salteño), cuatro peronistas cordobeses y dos socialistas santafesinos.
El interbloque Unidad para el Desarrollo, donde priman los tres del oficialismo misionero, sobre el diputado de Frente Somos Rio Negro, el líbero mendocino José Ramón, el representante de los peones rurales, los ex macristas pertenecientes a las intendencias de Tucumán y Las Heras (Santa Cruz).
Este grupo de diputados actuó como aliado del FdT en las pocas votaciones que se realizaron desde la asunción del nuevo gobierno, debido a la merma de la actividad legislativa como consecuencia de la emergencia por coronavirus.
Los ocho diputados respaldaron el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el de sostenibilidad de la deuda pública y rechazaron los intentos de JxC para incluir en la agenda de la Cámara el rechazo al DNU del Poder Ejecutivo que permite una nueva reasignación de partidas.
Las tres bancas restantes son las de Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, habitual aliada del oficialismo; y los dos diputados de la Izquierda, Romina del Pla y Nicolás del Caño, que ya anticiparon su acompañamiento a la expropiación, aunque propusieron que sea “sin pago alguno” y que la empresa pase “a manos de los trabajadores”.
De asegurarse el acompañamiento de estos últimos y de los del variopinto interbloque Unidad para el Desarrollo, el oficialismo podría prescindir de tener que recurrir al interbloque Federal, aunque sería una jugada muy arriesgada por lo ajustado de los números.
De sus 11 diputados, los lavagnistas Graciela Camaño, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez y Jorge Sarghini ya anticiparon a través de un comunicado que, tal como está anunciada hasta ahora, no acompañarán la iniciativa; en tanto que los otros dos diputados referenciados en el ex candidato presidencial Roberto Lavagna, Eduardo Bucca y Andréz Zottos, aún no se pronunciaron formalmente.
Los dos socialistas, Enrique Estévez y Luis Contigiani, no son tan reacios a la expropiación aunque proponen, marcando siempre sus diferencias internas, que la provincia de Santa Fe y las cooperativas agropecuarias de la región tengan participación en la nueva estructura de la empresa.
Por último, los cuatro diputados del peronismo cordobés aparecen con el escenario más complicado: deben mirar el sustento del sector agropecuario (contrario a la medida) en su caudal electoral; la condición de la provincia como acreedora de Vicentin; la relación del Gobierno provincial con la Casa Rosada, incluyendo los avales para renegociar deudas, y el peso en Córdoba de uno de los principales competidores del mercado, la Aceitera General Deheza.
Con todos esos elementos sobre la mesa, y conociendo la letra chica del proyecto, los diputados referenciados en Juan Schiaretti tomarán la decisión; aunque, según fuentes parlamentarias, la idea del Gobierno nacional es no tener que depender exclusivamente de ese sector.
Por lo pronto, y más allá del futuro escenario, la expropiación de Vicentin dio sus primeros pasos en el Senado de la Nación luego de que ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminara favorablemente un proyecto de Ley para crear una Bicameral Investigadora de las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa cerealera.
El expediente fue presentado a fines de abril por el oficialista neuquino Oscar Parrilli, pero tomó relevancia luego de que el Poder Ejecutivo decidiera la intervención de la firma.
La Bicameral, que estará conformada por seis diputados y seis senadores, deberá indagar en la posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por “posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años”.
También será el papel de la Comisión conocer si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas “efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica”.
El dictamen fue refrendado sólo por el oficialismo, ya que la oposición, en contra, decidió retirarse de la videoconferencia.