La Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente este lunes al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, de cometer el delito de terrorismo, y pidió su detención preventiva.
En concreto, la causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.
La investigación había comenzado el pasado 20 de noviembre, luego de que el ministro de Gobierno de la administración interina de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, publicara la información.
"La Justicia boliviana goza de poca credibilidad porque tras el golpe de Estado, nunca tomó cartas en el asunto en el desenfreno de violencia que hubo contra los militantes o dirigentes de Evo Morales. Nunca se hizo nada contra los dirigentes de Camacho que desataron una ola de violencia salvaje con la biblia en la mano", señaló Claudio Fantini analista internacional de LT10.
Uno de los casos emblemáticos fue el linchamiento de una alcaldesa del MAS que fue golpeada, arrastrada por las calles y a la cual, hasta se le cortaron las trenzas (una afrenta cultural). Por este caso, como tantos, la Justicia boliviana no hizo nada.
"Si la Justicia boliviana no muestra ecuanimidad y equilibrio nunca tendrá credibilidad", remarcó Claudio Fantini.