El diputado nacional Juan Martín junto a diputadas y diputados de los demás bloques de Juntos por el Cambio se trasladaron a Buenos Aires para participar de la sesión en la que el oficialismo, a partir de las directivas del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, pretende sesionar con protocolo vencido.
El legislador considera que se trata de un antecedente muy grave de cara a una discusión de profunda gravedad institucional que el oficialismo trajo a la agenda parlamentaria, como es la reforma judicial.
Juan Martín, camino a Buenos Aires, informó que junto a “Niky" Cantard estamos yendo para asistir presencialmente al Congreso de la Nación. Sergio Massa y el gobierno quieren imponer las sesiones virtuales para poder aprobar el proyecto de reforma judicial, que sólo genera sospechas de impunidad”.
“El protocolo de sesiones mixtas es una herramienta para abordar temas de consenso, no un cheque en blanco para el oficialismo. Todos los trabajadores llevan adelante sus tareas con los cuidados que la pandemia impone. ¿Por qué los legisladores no deberíamos hacer lo mismo?”, cuestionó el diputado.
Vale señalar que el 14 de agosto venció el protocolo de la Cámara de Diputados para realizar sesiones de forma virtual.
Juan Martín consideró que el gobierno y el kirchnerismo “cruzaron una línea con la pretendida “reforma” judicial. “Temas de semejante trascendencia institucional deben abordarse como la Constitución exige: de manera presencial y preservando el debate parlamentario, clave en nuestro sistema democrático”.
“No estamos dispuestos a consentir avasallamiento a las instituciones democráticas -enfatizó el radical Juan Martín- y esperamos que el resto de los bloques opositores actúen de la misma forma que Juntos por Cambio”.
Un plan de impunidad muy caro
Por otra parte Juan Martín, en declaraciones periodísticas, subrayó los puntos más riesgosos de esta iniciativa. “Es un plan de impunidad”, definió en principio y marcó que originariamente determinaba “la creación de 300 cargos y un costo fiscal de 4.000 millones de pesos”.
“Pero lo que finalmente se aprobó en la Cámara Alta eleva los cargos a más de 1.000 y el costo a 10.000 millones de pesos. Un despilfarro escandaloso en momentos de zozobra y angustia. Claramente, en momentos en que los argentinos y argentinas están haciendo un gran esfuerzo para sobrellevar el día a día, el oficialismo insiste en priorizar la agenda personal de la vicepresidenta Cristina Kirchner y no en tratar los problemas que son prioridad de la población: cuidar el empleo, sostener nuestras pymes que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostenerse y seguir adelante, y cómo hacer para que los chicos vuelvan a las aulas. Lejos de eso, el Frente de Todos aprobó entre gallos y medianoche una reforma que no tiene nada de reforma y mucho de plan de impunidad”.