Se completó el desalojo de los terrenos usurpados en barrio Transporte, luego del encuentro que mantuvieron funcionarios municipales y provinciales con las personas que ocupaban el espacio.
La reunión se desarrolló dentro del C.I.C. de Facundo Zuviría, y en la misma estuvieron presentes Francisco Alda del Ministerio de Infraestructura, Paola Pallero de la Secretaría de Hábitat de la Municipalidad de Santa Fe, Marcela Aeberhardt del Ministerio de Gobierno, y Santiago Felipoff.
Casi de manera paralela, este jueves, efectivos de Gendarmería Nacional con apoyo de la policía de Santa Fe realizaron el operativo de desalojo en los terrenos que pertenecer a Vialidad Nacional que fueron tomados en febrero de este año.
“Ha terminado con éxito la gestión de las ocupaciones irregulares. Se atendieron cada caso en particular en coordinación con distintas áreas, como el Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Derechos Humanos y la Municipalidad de Santa Fe en un trabajo interministerial” comentó Francisco Alda al Móvil de LT10.
Además, explicó que “fue todo en forma pacífica, y se le está brindando una solución a esos 14 o 15 casos, porque es de común conocimiento que las demás ocupaciones no eran tal”.
Según los funcionarios, había entre 50 y 60 construcción precarias, algunas que se trataban sólo de chapas apoyadas, y alrededor de 13 o 14 familias eran las que realmente estaban viviendo en el lugar.
Por su parte, Paola Pallero de la Secretaría de Hábitat de la Municipalidad de Santa Fe hizo foco en que se está trabajando en cada caso en particular para poder abordar la situación, ya que el de cada uno es distinto.
Por lo pronto, la medida más cercana en el tiempo es que Provincia tomará de inmediato la posición del terreno para que no vuelva a suceder la ocupación ilegal.
Cronología
En relación a la situación de barrio Transporte, Pallero recordó que “cuando el municipio tomó conocimiento de esta ocupación a través de las distintas denuncias recibidas por la Oficina de Atención Ciudadana, la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana constató con la GSI la presencia de unas 40 personas y diversos elementos plantados a modo de división de lotes”.
Además, indicó que inmediatamente se intentó realizar la denuncia en la Comisaría 26 “pero no fue posible porque ya había actuaciones previas en las que se determinó no dar curso por no encontrarse delito”.
De igual modo relató que “teniendo conocimiento de que los terrenos son propiedad del Estado nacional y entendiendo que con el correr de las horas este tipo de situación se complejiza aumentando los riesgos de consolidación del asentamiento” se logró formalizar la denuncia en la Policía Federal, en comunicación con el fiscal de turno. A partir de allí, se da intervención al Juzgado Federal Nº 2 a cargo de Francisco Miño, por lo que “la situación está en la órbita de la justicia desde un principio”, señaló la funcionaria municipal.
El municipio entabló un diálogo con los vecinos y, con recursos propios, concretó un registro de quienes usurpaban los terrenos a fin de evaluar la composición de los grupos familiares y los motivos de la usurpación. “Así pudimos desocupar la manzana más cercana al Centro Integrador Comunitario (CIC) donde se llevan adelante ferias y encuentros de trueque”, explicó Pallero.
Estos intentos continuaron con la firme intención de que otros ocupantes se retiraran del lugar y se iniciara un diálogo por fuera de la usurpación pero, al constatarse que no era posible “consideramos que habíamos agotado nuestras vías de acción”, detalló.
Por otra parte, comunicó que el 15 de febrero, el juez Miño libró un oficio a Gendarmería Nacional a los fines de que el día 16 se proceda al allanamiento y que el personal haga cesar los efectos del estado antijurídico de la ocupación. Desde entonces, los equipos municipales estuvieron a disposición para evaluar a los ocupantes, independientemente del accionar de la justicia.