El informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), sobre el “Programa de Retiro Anticipado a la Jubilación Ordinaria” en el Banco de la Nación Argentina podría derivar en acciones penales contra el directorio anterior del BNA.
Dicho programa implicó un desembolso de dinero -según se sabe hasta ahora- de 2.155 millones de pesos, se llevará como mínimo otros $2.758 millones, pagó indemnizaciones de hasta 523.385 dólares, y admitió retiros inclusive antes de la edad prevista (57 años, hubo un caso de 55 y otro de 56).
De acuerdo al estudio de la SIGEN, tomando el pago de sueldos de julio de este año, algunos de los directivos que se jubilaron anticipadamente siguen cobrando entre 429.000 y casi 600.000 pesos, además de seguir gozando de todos los beneficios de un trabajo estable, como la obra social o prepaga.
Según consigna NA, el texto de la SIGEN llegó al Banco Nación ayer a la tarde. “Recibimos oficialmente el informe, hubo reunión de Comisión de Directorio, y se decidió enviarlo al área de Legales, para que los abogados penalistas de la misma analicen si corresponde realizar una denuncia”, confirmó un portavoz de la entidad. También aseguró que se le dará intervención a la Oficina Anticorrupción.
La versión que circula es que, en el caso de presentarse el BNA como querellante, se apuntará principalmente a Javier González Fraga, ex presidente de la entidad, como también a Juan José Gómez Centurión, que fue vicepresidente. Mientras tanto, está bajo análisis el rol que desempeñó Rosana Rossi, que era la subgerente general de Recursos Humanos, por su intervención en todos los proceso de desvinculación. Rossi sigue ocupando ese cargo, pero hay dudas sobre su continuidad.
El plan de retiros anticipados, que comenzó mediante la Resolución 3252/2017, también admitió pagos y beneficios por fuera de la misma, como 10 sueldos extras, pago de Ganancias a cargo del banco, o retiro con 85% del sueldo, cuando la norma decía 70%. Hasta llegó a pagarse un retiro a una empleada de 63 años, que ya se debería haber jubilado tres años antes.
Mediante el análisis legal, y una posible demanda, el Banco Nación parece seguir las propias recomendaciones de la SIGEN. El propio informe recomienda que se analice "la responsabilidad penal y/o civil del directorio”; pues señala "falta de fundamentación y motivo", "informalidad del proceso", actos arbitrarios y "debilidades de control”; perjuicio económico y de gestión para el banco, aún no determinado, pero que debería medirse; fojas sueltas y actuaciones no foliadas. Es decir, un conjunto de irregularidades con grandes chances de convertirse en denuncia penal.