Este jueves, el juez que lleva el concurso de acreedores de Vicentin ordenó la intervención de la cerealera por 90 días, designando como interventor al exveedor Andrés Shocron y como subinterventora (interina) a la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), María Victoria Stratta. La medida generó descontento en el gobierno provincial, por considerarla tardía y difícil de implementar en la práctica.
Al respecto, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, dijo que “no resulta satisfactoria la disposición ni la modalidad dispuesta".
Somaglia recordó que "cuando la IGPJ solicitó la intervención, lo hizo peticionando el desplazamiento de quienes entones eran los directores de la firma, que hoy lo han dejado de ser porque ya han renunciado".
En ese sentido, remarcó: "los argumentos que utiliza el juez para admitir nuestra pretención, que se esgrimieron hace ya ocho meses, pudo haberlos utilizado en aquel entonces, cuando había un consenso mixto, multisectorial, de capitales públicos y privados, encaminados hacia el salvataje de la empresa". "Hoy esta resolución llega tarde", sentenció.
Asimismo, sostuvo que la coadministración resuelta (entre la Provincia y la empresa) "no resuelve el pedido del gobierno", siendo "una cogestión o gestión conjunta muy difícil de llevar a la práctica".
Finalmente, criticó la designación de la titular de Persona Jurídicas, y señaló que la subintervención de Vicentin "resulta incompatible con el rol y la misión legal que le corresponde a esa oficina, que es la de control de las sociedades anónimas y no la de gerenciar o administrarlas”.
De todas formas, anticipó que el gobierno provincial evaluará en los próximos días “la postura final a adoptar".