Las pericias de dos teléfonos celulares, la incorporación de nuevos testimonios y la recopilación de otras denuncias son algunas de las medidas de prueba que el fiscal que investiga el femicidio de Úrsula Bahillo, en la ciudad bonaerense de Rojas, espera obtener en los próximos días para avanzar en el pedido de prisión preventiva del policía detenido por el crimen.
Los celulares de Bahillo (18) y de su exnovio, Matías Ezequiel Martínez (25), fueron hallados en la escena del crimen y secuestrados con el fin de obtener información que permita saber, entre otras cuestiones, cómo llegaron ambos hacia el campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas el lunes último.
"Los teléfonos nos van a dar la clave, si fue un encuentro pactado o no", declaró a la prensa el fiscal Sergio Terrón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Junín, quien instruye la causa.
El funcionario judicial explicó que no se trata de una pericia "veloz", ya que "se hace la apertura (de los dispositivos), la extracción y el análisis", y que luego los expertos le "remiten los teléfonos con un informe transcripto".
"Por lo general las pericias telefónicas arrojan datos que desconocemos, es poder penetrar en la intimidad de las personas. Por lo general todos tenemos una hoja de ruta que indica qué hacemos, con quiénes hablamos", indicó Terrón y consideró que es una medida de prueba "muy importante" y "efectiva".
La apertura de los teléfonos celulares se efectivizó el jueves y la tarea de la extracción de la información está a cargo de la Oficina Tecnología y Gestión para la Investigación (TGI), dependiente de la Fiscalía General Departamental.
Este peritaje cobra especial relevancia para conocer el recorrido tanto de la víctima como del acusado hacia la escena del crimen, ya que las cámaras de seguridad relevadas en la zona solo captaron el momento en que Úrsula dejó su moto en la puerta de un quiosco al que ingresó y que al salir lo hizo a pie.
Es por eso que aún no pudo determinarse el rumbo que tomó y en qué circunstancias fue abordada por el policía, quien esa noche se desplazaba en su auto, un Peugeot 307, tal como fue registrado por una cámara de una estación de servicio de Rojas.
Nuevos testimonios y pruebas
Además, se espera en los próximos días avanzar con la ronda de testimoniales que permitan aportar datos relevantes para la investigación, mientras que al mismo tiempo se requirieron a otras fiscalías las causas en las que el acusado Martínez había sido denunciado por otros hechos criminales.
El fiscal Terrón adelantó que una vez reunido todo el cuadro probatorio solicitará la prisión preventiva de Martínez por el delito de "femicidio agravado por premeditación y alevosía", que tiene como única pena la prisión o reclusión perpetua.
Cuenta para ello de un plazo legal de 15 días, que ya empezó a correr y del cual le quedan 12, pero en caso de que lo requiera puede solicitar una prórroga por otros 15.
Entre las pruebas con las que ya cuenta Terrón se destacan el informe de autopsia, que determinó que la víctima fue asesinada de 15 puñaladas en la espalda, el torso y el cuello con un cuchillo de carnicería hallado en la escena del crimen; y una denuncia de la propia joven, tres días antes del crimen, en la que aseguró que el policía la amenazó de muerte cuando caminaba por Rojas.
Por otro lado, el sindicado agresor fue hallado por la Policía en el lugar del crimen con una herida de arma blanca en el abdomen, lo que para el fiscal se trató de "una escena montada", ya que "su finalidad no era suicida".
A su vez, en los últimos días se dieron a conocer por redes sociales una serie de audios en los que Úrsula les relataba a amigas la violencia que el acusado ejercía sobre ella.
"No doy más, te juro que estoy muy triste, me dijo que me iba a matar; no aguanto más", se escucha decir a Úrsula en un mensaje enviado a una amiga el 16 de noviembre del año pasado.
Tras negarse a declarar el viernes ante el fiscal Terrón, el policía -que al momento del hecho estaba con carpeta psiquiátrica- quedó alojado en la Alcaidía Penitenciaria Junín, donde deberá permanecer aislado los primeros 14 días en el marco del protocolo de prevención de la Covid-19 y tendrá asistencia psicológica diaria, informaron fuentes judiciales.