Lo que pareció ser una gran noticia hace unos días, respecto a que el edificio de 9 de julio y Suipacha se reanudaba, hoy es una causa con 5 detenidos. La Fiscalía reunió pruebas de la complejidad del accionar de una banda que intentó apropiarse del edificio paralizado desde 1994.
En diálogo con LT10 en el programa "El Cuarto Poder", la fiscal Lucila Nuzzo explicó que la Fiscalía tiene pruebas suficientes para hablar de un escenario que incluye "una usurpación y además tentativa de asociación ilícita".
Cabe recordar que quien dijo ser su propietario hoy está detenido al conocerse que la propietaria del 50% del edificio desde 2009 es Liliana Cosentino quien lo compró en una subasta mientras que el otro 50% pertenece a al Dr. Cosentino, un abogado que lo compró en similares condiciones.
La fiscal Nuzzo explicó por LT10 que la Fiscalía tomó conocimiento a través de una denuncia del centro territorial de denuncias sobre el ílicito. Y desde entonces se ha juntado numerosa evidencia relacionada con el hecho contando con documentación del consorcio de personas que son los Dres. Crespo y Cosentino. La Fiscalía corroboró las denuncias y a medida que se avanzó en la investigación se vislumbró una trama más compleja, la usurpación encubrió otras maniobras destacó la fiscal.
Por LT10 la fiscal añadió que "la Fiscalía sostiene la planificación del hecho con colaboración de una banda que armó este ilícito desde 2018. Hubo maniobras tendientes a apoderarse de los hechos" y sostiene que se cuenta con evidencias suficientes para sostenerlo ante el Juez.
"Fue planeado y creemos que se trató de una maniobra en la que toda una banda participó de algún modo y sin esta articulación no se habría podido concretar el hecho", sostiene Nuzzo. "Creemos que hubo reunión y voluntad de cometer los ilícitos. Hay delito de usurpación y tentativa de estafa, entre otros. El viernes un Tribunal deberá decidir", explicó la fiscal.
Hasta el momento hay 5 detenidos por esta causa, confirma la fiscal al tiempo que señala que Crespo y Cosentino tienen documental que se ha podido comprobar sobre la propiedad de los departamentos del edificio y que aquí hay clara evidencia de una tentativa en asociación ilícita.
La obra data de 1994, cuando en el mes de diciembre, mientras realizaban la construcción, obreros rompieron un cable de la EPE generando que media ciudad y todo el distrito costero se quedaran sin luz por unas tres semanas. Desde entonces el edificio estuvo paralizado y ahora está inmerso en un gran conflicto jurídico y penal.