A través de su flamante Comité de Control Electoral, Juntos por el Cambio presentó hoy la primera denuncia penal en contra del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, en San Luis, por la "utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales que se observa luego de la derrota" en las PASO.
"Hay varios expedientes en trámite donde se gestionan adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado", resaltó la presentación.
Sobre los anticipos de la coparticipación para los intendentes oficialistas, se denuncia que "todos fueron solicitados al mismo tiempo y con idéntica definición, como así también con la misma urgencia y plazo".
Para Juntos por el Cambio, "estos anticipos se justifican en la presunta necesidad de 'llevar a cabo una acción de contención social’". "Sin embargo, les permitiría a los intendentes oficialistas disponer de dinero líquido para aplicarlo a la campaña electoral", se quejó el frente opositor.
Por otro lado, según JxC, el gabinete de Rodríguez Saá solicitó "la creación de fondos rotarios por la suma individual e idéntica de $5 millones para cada dependencia, lo que supondría un gasto total de $85 millones". Esto escaparía a todo proceso de contratación ordinario al que además se le pretende dotar de un mecanismo de rendición de cuentas, excepcional, relajado e incontrolable que sería ejecutado durante la campaña electoral como consecuencia de que su razón de ser es dar respuesta inmediata a las ‘urgencias’ de sus ministerios, señaló la denuncia.
Los denunciantes sostuvieron que las conductas denunciadas en la provincia puntana "podrían configurarse como acciones típicas disfrazadas de asistencia social, mediante la posible extracción o desvío de fondos públicos para la financiación de actividades partidarias a través de la entrega de dinero en efectivo".
"Por su parte, los ministros y secretarios de Estado quedan en condiciones de otorgar subsidios en efectivo de hasta $ 50.000 y sólo se les exige la presentación de una mera declaración jurada como mecanismo de rendición de cuentas. Toda esta maniobra permite inferir que la intención es captar ilegítimamente el sufragio a favor de los candidatos oficialistas poniendo, en consecuencia, en circulación en el mercado financiero ese dinero con apariencias de licitud", agregaron.
Entre los delitos que se le atribuyen son el de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos.