Durante la tarde del viernes pasado, dos fiscales realizaron allanamientos en las sedes de Santa Fe y Rosario del ministerio de Seguridad. Según fuentes judiciales, se está investigando si durante la gestión de Marcelo Sain como ministro de Seguridad y durante la gestión Lagna (con los equipos de Sain que quedaron en el ministerio) se realizó espionaje a políticos, periodistas y empresarios santafesinos.
Esta situación generó la renuncia de todos los funcionarios que trajo Marcelo Sain al ministerio, encabezados por Germán Montenegro.
En este marco, LT10 habló con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el dirigente socialista Pablo Farías.
En primer lugar, Farías sostuvo que lo más importante y urgente por estas horas es la reconstrucción que tiene que hacer el Gobierno del ministerio de Seguridad por las renuncias de la semana pasada de altos funcionarios.
Además, agregó que “nosotros estamos convencidos que las renuncias tiene que ver con la causa penal en marcha por espionaje. Hoy tenemos un ministerio de Seguridad desguazado en el marco de una situación de inseguridad que está desbordada y tiene a la provincia alarmada”.
Sobre el espionaje ilegal que habría encabezado la gestión Sain, el titular de la Cámara baja provincial manifestó que “ya está confirmado que una funcionaria del MPA le pasaba información de causas judiciales a Sain. Un periodista como el fallecido Mauricio Maronna había denunciado públicamente que Sain lo había carpeteado. A esto se le suma la denuncia de Víctor Molesnik subdirector del Organismo de Investigación del MPA”.
En este sentido, Pablo Farías recordó que hay una licitación que tenía un pliego armado para una empresa por la compra de armas que tuvo que ser detenida por el mismo gobierno porque detecto que estaba encaminado a un hecho de corrupción. Esta causa está judicializada también.
“A esta hora, yo ignoro si soy uno de los que fue investigado ilegalmente por la gestión Sain. Más allá de esto, se entiende que hay mucha gente que fue espiada que no es política (empresarios y periodistas). Preocupa que esta información íntima de personas que no eran investigadas por ninguna causa legal”, subrayó.
Finalmente, el titular de la Cámara baja provincial remarcó que “aquí se cometieron delitos, se recondujeron fondos para actividades de espionaje y no se mejoró en nada la seguridad pública”.