Una enfermera argentina fue detenida en España por integrar una banda que vendía pasaportes COVID y tests PCR truchos.
La mujer, de 38 años, fue capturada junto a otras seis personas y todos están acusados de la comisión de los delitos de falsificación de documentos, por el que podrían recibir una pena de entre dos y seis años de prisión, y atentados contra la salud pública.
La enfermera argentina trabajaba en un hospital público y, según la investigación, se encargaba de modificar los datos de personas que habían sido vacunadas, para así poder crear los certificados apócrifos para los clientes.
"En el transcurso de la investigación se detectó que la organización criminal, por un lado, habría captado a personal sanitario que introducía en el registro a quienes requerían las certificaciones falsas", señaló el informe de la Policía Nacional. Las siete personas involucradas en estas maniobras fueron detenidas en distintos operativos realizados tantos en Madrid como en Barcelona.
🚩 Desarticula la rama española de un entramado que proporcionaba #pasaportes #COVID falsos en la #UE
— Policía Nacional (@policia) January 25, 2022
Hay 7 detenidos – #Madrid y #Barcelona-
La organización habría captado a personal sanitario para acceder al registro y se continúa investigando por el posible robo de claves pic.twitter.com/V3G36FGoOE
La Justicia comprobó que los líderes de la organización criminal operaban desde Francia: hasta el momento se registraron 1.600 pasaportes COVID falsos. "Se anunciaban en aplicaciones de mensajería instantánea aprovechando grupos de temática negacionista en los que ofrecían tanto pruebas PCR falsas como pasaportes COVID falsificados", explicó la Policía Nacional.
Según informaron distintos medios españoles, la banda cobraba alrededor de 50 euros a cambio de una prueba PCR con resultado negativo, mientras que los pases sanitarios tenían valores que iban de los 200 a los mil euros: el pago solían pedirlo en criptomonedas, para minimizar los rastros.
"Las pesquisas llevadas a cabo han permitido detectar que la organización había creado dos tipos de redes clientelares, una a la que cobraban alrededor de 200 euros para que pudieran obtener el documento fraudulento, y otra, con mayor poder adquisitivo, a la que se exigía un pago de 1000 euros por introducirlas en el registro con la pauta de vacunación completa", agregó el parte policial.
Una vez que recibían el dinero, los acusados enviaban a los clientes un código QR que contenía el falso certificado. También trascendió que entre los clientes habría músicos y delincuentes de renombre.