La fiscal de la Unidad Especial de Balaceras de Rosario, Valeria Haurigot, analizó el problema de la seguridad en los últimos meses y declaró que “la violencia se administra desde unidades penitenciarias”, y agregó que la mayoría de las estafas que se realizan desde la cárcel por teléfonos de los internos.
En declaraciones a medios rosarinos, la fiscal Hurigot, comentó que hay “empezar a probar otras opciones que se apliquen cuando una persona recibe prisión preventiva, como limitaciones de derechos. Hablo de limitaciones, no de prohibiciones, porque no quiero que me acusen de ir en contra de la Constitución Nacional. Ese no sería el caso. Sería limitar derechos para evitar el uso abusivo del mismo”.
Sobre este tema opinó Jaqueline Balangione, defensora general de la provincia, quien comentó por LT10 que “me sorprende leer las declaraciones de una fiscal, que es una magistrada, todos los magistrados y los funcionarios judiciales juramos por la constitución nacional”, y agregó que “hay que partir de la base que las personas privadas de libertad, en general, tiene recortado todos sus derechos”.
Balangione explica que parte de los problemas que plantea Hurigot, los vienen visibilizando desde la defensoría y enumera “casi 8 mil presos que tenemos actualmente en la provincial (ya pasamos de 7 a 8), con un 50% de gente en prisión preventiva (todos mesclados sin ningún tipo de discriminación)”, y recuerda que “el trabajo dentro de las cárceles es del poder ejecutivo, de esta área que ahora está dentro del Ministerio de Seguridad, que es el servicio penitenciario donde también ha sido noticia en los últimos días, de un penitenciario que captaron que entraba celulares y droga”, y agrega que se sabe que no es el único caso.
La defensora explica que parte del problema es que dentro del servicio penitenciario hay una falta de gestión dentro en donde hay “empleados infieles” que son los que facilitan el ingreso de elementos prohibidos o alimentación a cambio de un pago de los familiares de los internos. En este sentido cree que no se debe generalizar con los empleados penitenciarios, como la fiscal tampoco debería generalizar con todos los internos.
La doctora sostiene que “la responsabilidad está en la gestión, como se gestiona, para eso estamos en el estado”, y agrega “lo primero que tenemos que hacer nosotros y sobre todo los magistrados, los funcionarios judiciales, es atarnos a la ley”.