La querella que representa a las víctimas de una secta, acusada de explotar sexual y laboralmente a decenas de personas en un hotel céntrico de la ciudad de Mar del Plata, pidió este lunes el decomiso de todos sus bienes y que se dispongan reparaciones de entre 35 y 61 millones de pesos por los daños materiales y morales ocasionados a algunas de ellas.
En pedido fue realizado por la representante de la Defensoría Pública de la Víctima (DPV), Inés Jaureguiberry, y la oficial del Ministerio Público de la Defensa, Manuela Parra, al presentar su alegato de cierre ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de la localidad balnearia, en el marco del juicio que se lleva adelante contra tres imputados que formaban parte de la organización.
Para la DPV, a lo largo del debate oral, iniciado en septiembre de 2021, quedó acreditado que bajo "la fachada" de un instituto dedicado a la enseñanza de yoga" funcionaba "una organización criminal con rasgos de secta religiosa", con "distribución de roles" y una estructura "jerárquica", que durante casi cinco décadas se dedicó a "captar a víctimas vulnerables" para apoderarse de sus bienes y explotarlas sexual y laboralmente.
En representación de cinco de los damnificados, la querella solicitó que el tribunal fijara reparaciones integrales para cada uno de ellos, que van de los 35.496.480 pesos a los 61.641.200, por los daños materiales sufridos, como la explotación laboral, sexual y psicológica, y los perjuicios morales a causa de las "torturas y vejámenes" padecidos, en algunos casos durante décadas.
Para poder cumplir con estas reparaciones, se solicitó a los magistrados Fernando Machado Pelloni, Nicolás Toselli y Roberto Falcone que, al dictar sentencia en el juicio, dispongan el decomiso de los bienes a nombre los distintos miembros de la secta.
Según indicaron, entre estas posesiones figura el edificio del Hotel City, ubicado sobre la Diagonal Alberdi al 2600, en pleno centro marplatense, donde funcionó la organización hasta que fue desarticulada en julio de 2018.
Además, incluyeron dos departamentos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, cuentas bancarias en la Argentina y en el extranjero, dinero en efectivo secuestrado en el marco de los allanamientos a la sede de la organización, un auto y dos motorhome.
Jaureguiberry subrayó que el pedido de reparación no apunta a alguno de los imputados puntualmente, sino a los bienes "que son producto de la explotación" desplegada por la secta, "independientemente de a nombre de quién están".
En el juicio desarrollado en el TOF marplatense están imputados Silvia Cristina Capossiello, Sinecio de Jesús Coronado Acurero y Luis Antonio Fanesi, quienes cumplen prisión preventiva y siguieron la audiencia de manera remota desde el Complejo Federal 1 y la Unidad 31, en Ezeiza.
Los tres están acusados de integrar "una organización criminal" cuya "estructura fue utilizada para cometer delitos", tanto en Venezuela como en Argentina, desde principios de la década de 1970 hasta su desarticulación, y la fiscalía pidió una semana atrás que sean condenados a penas de entre 17 y 40 años de cárcel.
Para la DPV, quedó probado que en el marco del funcionamiento de la secta "hubo nacimientos", muchos de ellos producto de abusos sexuales, y "alteración de identidades".
Además, se detalló que "las víctimas aportaban bienes y dinero a la organización", y luego sufrían "aislamiento con el mundo exterior", "interrupción de vínculos con familiares y afectos", "falta de educación formal" en el caso de los menores y "vigilancia constante", y quienes escapaban eran "demonizados".
A partir de los testimonios brindados por las víctimas en el juicio, Jaureguiberry puntualizó que la organización estableció un "sistema de control y torturas", que sus miembros eran "especialistas en dar palizas", y que además almacenaban "una gran cantidad de armas".
De acuerdo al alegato realizado en la audiencia previa por la fiscalía, Capossiello -pareja de Eduardo Nicosia, líder y fundador de la secta fallecido en enero de 2021- fue acusada en calidad de coautora del delito de "trata de personas con fines de explotación sexual y laboral" en perjuicio de diez víctimas.
Fue imputada, además, de ser partícipe necesaria en el "abuso sexual agravado" sufrido por tres integrantes por parte de Nicosia, dos de ellas hijas de él mismo, y la fiscalía solicitó en su caso una pena de 40 años de prisión.
Según la acusación, a cargo del fiscal Fabián Celiz y el ayudante Carlos Fioritti, Coronado Acurero y Fanesi son culpables también del delito de trata, pero en calidad de partícipes primarios.
En el caso de Coronado Acurero, considerado "mano derecha" del jefe de la secta, la pena solicitada fue de 27 años de cárcel, mientras que para Fanesi fue de 17.
La fiscalía había solicitado además al tribunal un resarcimiento de 6.600.000 pesos para cada una de las víctimas, por el "daño moral" sufrido.
En el caso de la DPV, para evaluar los daños y considerar los montos de las reparaciones contó con un dictamen del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación, que coordina Marcela Rodríguez.
Este dictamen tuvo en cuenta "el daño moral, el daño al proyecto de vida, la lesión al derecho a la identidad, el daño psicológico, el daño emergente, y el daño por la violencia sexual".
El juicio continuará el próximo lunes, con el alegato de la defensa de los acusados.
En el inicio de este proceso, también figuraba como acusado el psicólogo Fernando Ezequiel Velázquez, pero falleció semanas atrás, mientras cumplía prisión preventiva.