El fiscal federal Diego Luciani involucró al actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner en la acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En el alegato Luciani mostró mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.
Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala, otro de los imputados en la Causa Obra Pública.
En uno de esos diálogos, López le hacía saber a Bezi acerca del avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner "recorría las obras y pedía información sobre ellas".
No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal "es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz".
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El fiscal argumentó que: "Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones".
Las afirmaciones del magistrado parecen indicar que pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta "coordinación" con el resto de los imputados.
Por últimno la licitación en cuestión, según Luciani, fue por "25 millones de dólares para hacer cien cuadras" y la obra fue adjudicada a la empresa Kank y Costilla, que dijo que estaba bajo control de Lázaro Báez.