La defensa de Cristina Fernández de Kirchner insistió en el apartamiento de los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu y de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa en la se investiga la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El abogado Carlos Alberto Beraldi presentó un escrito ante el propio tribunal oral que lleva adelante el juicio con el objetivo de que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que revise la decisión de los jueces de rechazar sus propias recusaciones y la de los fiscales.
Lo habitual en estos casos es que los jueces rechacen las recusaciones y esa decisión sea elevada en consulta a la instancia superior.
En este caso, el tribunal oral se consideró a sí mismo instancia superior y ratificó el rechazo a las recusaciones.
Ante ese escenario, Beraldi apeló la medida y ahora los propios jueces del tribunal oral deben decidir si admiten el recurso y lo elevan a la Cámara Federal de Casación para que los ratifique o eventualmente haga lugar al planteo de la defensa y los aparte.
Otros imputados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, también presentaron recursos para que la máxima instancia penal del país se pronuncie sobre la continuidad o no de los recusados.