La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra los fiscales de la causa Obra Pública, Diego Luciani y Sergio Mola, al afirmar que en la ronda de alegatos acusatorios "mintieron descaradamente". La ex mandataria fue acusada por Luciani y Mola a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
"Vieron lo que les dije ayer, ¿no? Que (Carlos) Beraldi iba a desnudar el guion de (Diego) Luciani y (Sergio) Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis", escribió la titular del Senado en su cuenta de Twitter.
Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 19, 2022
Por su parte, la defensa comenzó a refutar hoy uno por uno los puntos de la acusación fiscal, que pidió 12 años de prisión por considerarla la jefa de una asociación ilícita que se benefició con licitaciones viales en Santa Cruz.
El abogado Carlos Alberto Beraldi atacó el argumento de los fiscales que indica que el gobierno 2003 – 2015 recurría a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para reasignar fondos a la Dirección Nacional de Vialidad, para poder así “saquear” los fondos del Estado para favorecer a la supuesta asociación ilícita.
Así, el defensor de la vicepresidenta exhibió documentación sobre todas las reparticiones que recibieron reasignaciones de partidas presupuestarias a través de DNU desde 1994 hasta la fecha, entre las cuales aparecen el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
“Si ustedes creen que estos son actos delictivos vayan pensando en devolver el dinero”, ironizó Beraldi.
La defensa también desmintió que se hubieran creado fideicomisos para la obra pública para evitar así el control por parte del Congreso.
Beraldi exhibió declaraciones de testigos del área de Presupuesto y de la Jefatura de Gabinete que desfilaron a lo largo del juicio que explicaron que sí había control del Congreso.
Al mismo tiempo, contestó a la afirmación de la fiscalía que sostiene que todo acto político de gobierno puede ser sometido al escrutinio de los jueces y, en este caso, observó una “desmesurada” asignación de partidas para la obra pública vial en Santa Cruz.
Beraldi explicó los alcances de la soberanía política surgida del voto popular y recomendó que, si se está en desacuerdo con las decisiones políticas de un gobierno, se exprese esa disconformidad en las elecciones.
Pero, en cuanto a las decisiones adoptadas por un gobierno elegido para ello, resaltó que no hay ninguna norma que regule o prohíba la asignación de fondos para la obra pública para tal o cual provincia.
Beraldi eligió ir punto por punto con las acusaciones de la fiscalía y las contrapuso con prueba documental (buena parte de ella, la misma que había exhibido Luciani y Mola), testimonios que se registraron a lo largo de los tres años de juicio e incluso segmentos de la exposición de los propios fiscales.
Con su tono medido, cortés y respetuoso, Beraldi habló de “errores”, “equivocaciones” pero también se preguntó en alusión a los fiscales: “¿cómo se puede mentir de esta manera?”.
También Cristina Kirchner apareció en los videos, especialmente para recordar que el Congreso –al que los fiscales sostienen que presionaba como parte del supuesto plan delictivo- le había rechazado la Resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones de soja.
Y también apareció para señalar que el responsable de la administración financiera y la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete, pero ninguno de los cinco que se desempeñaron en sus gobiernos fue siquiera imputado en este juicio.
En reiteradas oportunidades, Beraldi se quejó porque los fiscales adjudicaron responsabilidad al difunto expresidente Néstor Kirchner en la estructura que denuncian como “asociación ilícita” dentro del gobierno.
El abogado defendió la gestión de Kirchner, negó que hubiera existido delito alguno y remarcó: “no se puede imputar a un muerto”.
Beraldi dedicó la primera parte de su alegato –que comenzó a las 8.04- a describir el trayecto de una causa que tuvo su primera denuncia en 2008, otra en 2013 y una tercera en 2016, siempre en relación con los mismos hechos.
Tras recordar que 49 de los 51 hechos ya fueron juzgados y exculpados, Beraldi describió una supuesta maniobra orquestada desde el gobierno que asumió en diciembre de 2015 y sectores vinculados con la prensa y el poder para demonizar a la vicepresidenta.
Sobre el mediodía el alegato pasó a un cuarto intermedio y tras él se extendió en esta primera jornada hasta las 15.