Diputados convirtió en ley el proyecto de Protección de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos y sus familiares, que volvió a la cámara Baja luego de modificaciones que realizó el Senado.
Finalmente, la norma fue sancionada con el objetivo de inclinar las leyes en favor de las víctimas. La misma incluye la creación de la defensoría de víctimas, que éstas puedan declarar desde sus domicilios, la posibilidad de presentar pruebas sin la necesidad de constituirse como querellantes y que se utilice terminología mas accesible en los procesos judiciales para una mejor comprensión de los damnificados.
Además de los legisladores, los impulsores de esta ley fueron familiares de víctimas del delito, quienes consideraron fundamental ser escuchados por los jueces, tener información para evitar juicios abreviados que favorecen a los delincuentes y criminales.
Ser escuchados
La Ley contempla que los jueces deberán oír a la víctima antes de tomar decisiones, siempre y cuando la víctima pida ese derecho.
Este nuevo derecho que dispondrá la víctima (de ser oído por el juez), se le deberá conceder antes de que el magistrado otorgue salidas transitorias, ordene dar libertad morigerada, deje en libertad al agresor, o resuelva la suspensión de juicio a prueba; entre otras decisiones que día a día se toman y de las cuales la víctima ni siquiera se entera.
En definitiva, la ley apunta a darle un lugar de importancia a la víctima del delito y que su palabra tenga relevancia en la Justicia.