A un año de los allanamientos a las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, el extitular de esa cartera, Marcelo Sain, y parte de su equipo de trabajo, son imputados en la causa que es conocida como espionaje ilegal.
En total, 11 personas fueron identificadas hasta el momento como parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y además violar la ley de inteligencia nacional.
Se los investiga por haber realizado escuchas ilegales a personalidades públicas de la provincia, políticos, periodistas y empresarios, entre otros.
La audiencia imputativa se desarrolló en la sede de la Fiscalía de Delitos Complejos, en la capital santafesina. Además de Sain, son imputados el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro , el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Alvarez, la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, el ex subsecretario de Control Diego Rodríguez, Milagros Bernard y Agustina Moulins.
También, será imputada la ex jefa de Inteligencia Criminal (Zona Sur) del Organismo de Investigaciones (OI), perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA), Débora Cotichini.
Finalizada la primera audiencia, fueron imputadas tres personas:
-Marcelo Sain (exministro de Seguridad de la provincia y exdirector del Organismo de Investigaciones) al que se lo acusa de: asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
- Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia) por: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.
- Agustina Moulins (contratada por el Ministerio de Seguridad dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Investigación Criminal) por: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
Luego de dicha audiencia, las diputadas Lionella Cattalini y Gisel Mahmud, integrantes del Bloque Socialista, dijeron a LT10 que los acusados fueron "imputados por asociación ilícita, espionaje ilegal, defraudación al estado", y de esta forma "da cuenta de que los funcionarios que tenían que dedicarse a cuidarnos, estaban cometiendo delitos".
Además, sostuvieron que quieren saber "el rol de Sain y el del gobernador, quién era el jefe de la banda, de la asociación ilícita, y qué sabia y que no el gobernador. Nadie cree que se cometieran estos delitos sin que el gobernador lo supiera".
En consonancia, exigen que el gobernador se presente a la Justicia: "Ahora le toca a Perotti rendir cuentas y decirnos a la ciudadanía qué pasó y por qué en el Ministerio de Seguridad en lugar de actuar en pos de la sociedad, se cometían delitos".
El 1 de noviembre, Marcelo Sain, renunció como asesor del Ministerio de Seguridad Nacional, el cual es conducido por Aníbal Fernández.
La carta de dimisión tiene como fecha el 11 de octubre, pero recién fue aceptada este lunes, en la misma jornada en la que se difundieron las fechas de la audiencia imputativa en la causa por presunto espionaje ilegal que lo involucra junto a otros ex integrantes de su equipo.
En texto de la renuncia manifiesta que la misma se debe a “razones particulares”.