En el mismo día de su investidura, el presidente Lula firmó un total de trece decretos, que preparan el terreno para una amplia revisión de muchas de las políticas impulsadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro.
Respecto a la cuestión de las armas en manos de civiles, algo que Bolsonaro había hasta incentivado, Lula suspendió la emisión de nuevos permisos para la compra y la creación de clubes de tiro, ordenó que se realice un nuevo registro de todo el armamento adquirido por civiles, en los últimos cuatro años, y creó en el Gobierno, un grupo de trabajo dedicado a definir una fuerte política de desarme de la población.
En cuanto a la cuestión del Medio Ambiente, determinó la reactivación del llamado Fondo Amazonía, constituido con donaciones de Alemania y Noruega para contribuir con la protección de la Amazonía y que Bolsonaro había suspendido en 2019.
El fondo en cuestión cuenta actualmente con unos US$ 600 millones, que el nuevo Gobierno utilizará en programas definidos por el Ministerio de Medio Ambiente.
Lula también decidió revocar un decreto dictado por Bolsonaro, en los últimos días de su mandato, según el cual se ampliaban las licencias para la explotación de recursos minerales en la región amazónica, e incluso en las tierras indígenas.
Otra decisión fue una de las promesas de su campaña: determinar que sea revisada, en un plazo de 30 días, una serie de decretos de Bolsonaro que habían establecido un secreto de cien años sobre diversas cuestiones de la administración pública, o incluso, sobre asuntos personales del ahora exmandatario y su familia.
Entre estos últimos, Bolsonaro había incluido todo lo relativo a su salud, lo cual impidió que la sociedad supiera si realmente no se había vacunado contra la Covid, 19 como aseguraba hasta ahora.
Otro de los decretos firmados por Lula fue para dar cumplimiento a una de sus promesas de campaña y excluyó de un plan de privatizaciones, elaborado por el Gobierno de Bolsonaro, a las estatales Petrobras, Correos y Empresa Brasil de Comunicación (EBC).