La desprolijidad en la convocatoria a los gobernadores quedó en manos del presidente Alberto Fernández. Fue él quien convocó, aseguraron desde Casa Rosada. Aclararon que ni el jefe de Gabinete, Juan Manzur; ni el ministro del Interior, Wado De Pedro participaron esta vez de la convocatoria y le dejaron la centralidad al presidente.
Sin embargo, ambos ministros apoyaron el documento que pide iniciar juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, un debate que el oficialismo pretende instalar como eje de la agenda política durante todo el verano en el Congreso.
En el entorno más cercano al presidente trabajan en total hermetismo en la redacción del Decreto de Necesidad y Urgencia que sería dado a conocer "a la brevedad" para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a mediados de enero.
El DNU incluirá en el temario, el pedido de juicio político a la Corte, además de las leyes económicas que reclama el ministro de Economía, Sergio Massa, como la demorada ley de agroindustria y de modificación del Presupuesto 2023 para incluir el financiamiento del fallo de la Corte que restituye la coparticipación que Nación le quitó a la Ciudad por el traspaso de la policía.
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En la Casa Rosada preparan en total hermetismo el DNU, pero evitaban hablar sobre el grave "error" que cometieron al haber incluido en el documento contra la Corte, la firma del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que salió a desmentir su firma a través de sus voceros oficiales, y aclarar que no estuvo de acuerdo con los términos en que se pidió el juicio político a la Corte.
También quedaron dudas sobre la postura del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, otro de los que figuraba entre los 12 firmantes en la reunión convocada por Alberto Fernández con gobernadores el pasado martes en la Casa Rosada.
