El Frente de Todos se prepara para asestar un golpe clave en su ofensiva contra la Corte Suprema. Este jueves, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se dará cita con el objetivo de declarar la admisibilidad de los 14 expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, y el oficialismo tiene el número suficiente para imponerse y abrir el sumario para recopilar las pruebas que fundamenten la acusación.
La presidenta de la comisión, la entrerriana del Frente de Todos Carolina Gaillard, convocó a una reunión informativa este jueves a las 11 hs en la Sala 1 del anexo de la Cámara baja, donde la semana pasada los autores de los pedidos de juicio político desarrollaron sus presentaciones a auditorio lleno y en el marco de un importante operativo de prensa.
Si bien en el recinto el Frente de Todos, casi con seguridad, no tendrá la fuerza suficiente para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios (172 votos) para aprobar la acusación y enviar el expediente al Senado para el enjuiciamiento, en la comisión de Juicio Político tiene 16 de los 31 integrantes, por lo que se descuenta que tendrá éxito en la apertura del sumario.
Para la instancia que estará en juego este jueves sobre la admisibilidad de las acusaciones, se concretarían tres dictámenes: el de mayoría del Frente de Todos, otro de la Coalición Cívica circunscribiéndose al juicio político contra el juez Ricardo Lorenzetti, y un último dictamen de rechazo del resto de Juntos por el Cambio, negando todos los cargos contra los acusados.
Sin embargo, el jueves pasado se generó un contrapunto sobre el método de votación de la admisibilidad entre Gaillard y el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, lo cual permite avizorar que habrá polémica.
El diputado opositor ratificó que la Coalición Cívica impulsará el pedido de juicio político contra Lorenzetti pero no así el resto de las acusaciones contra el alto tribunal, por lo que exigió una modalidad de votación que permita diferenciar entre los distintos expedientes.
La respuesta de Gaillard no fue la esperada por López, ya que le contestó que la declaración de admisibilidad se realizará mediante una única votación por mayoría simple. La moneda está aún en el aire y el mismo jueves se sabrá cuál es el método que finalmente se impone.
En su presentación del jueves pasado, el diputado nacional Eduardo Valdés fue el encargado de repasar las múltiples denuncias del oficialismo contra los jueces por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
En primer lugar, mencionó el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos, en detrimento de las provincias. "Es una misión y función propia del Congreso", aseguró.
Al respecto, señaló que es "inadmisible" que el supremo tribunal haya desestimado el pedido de un grupo de gobernadores oficialistas -a quienes definió como "agentes naturales del Gobierno Federal"- para presentarse como "amicus curiae" del tribunal en esta causa.
En este sentido, puso el foco en la denuncia del oficialismo al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por "tráfico de influencias en beneficio exclusivo de una jurisdicción en perjuicio del resto", a raíz del escándalo por las conversaciones de chat sospechosas que salieron a la luz entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño (ahora en uso de licencia), Marcelo D´Alessandro.
En segundo término, Valdés mencionó la denuncia por mal desempeño a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.
"Quieren decidir cómo se van a integrar los bloques políticos en el Consejo de la Magistratura", denunció, y señaló que a raíz de esta "invasión" de competencias se lo acusa a Rosatti por el delito de abuso de autoridad.
El legislador del Frente de Todos también repasó la denuncia contra la Corte por "declarar inconstitucional" la ley del Consejo de la Magistratura "sancionada 15 años antes" para "resucitar una ley derogada" en 2006 con el único objeto de colocar a Rosatti como titular del órgano encargado de la selección y eventual remoción de jueces.