La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el análisis de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados, como parte del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia iniciado en febrero pasado.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos) informó que la ex directora de la Obra Social, Marta Herrera Alem, pidió reprogramar su declaración en la comisión.
La primera testigo que comenzó a declarar, entonces, era la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin.
A lo largo de la jornada está previsto que declaren además María Guadalupe Burgos (funcionaria de la obra social); el contador público Iván Nicolás Ritvo; Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Ospjn, y María Marcela Viano Carlomagno, afiliada a la Ospjn.
En el último encuentro de la comisión realizado hace dos semanas había expuesto el exdirector de la Ospjn Aldo Tonon, quien había sido desplazado de su cargo meses atrás.
En su declaración, Tonon evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social, amparado "en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse", debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados, según argumentó.
La comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social, pero el exfuncionario recién asistió tras ser notificado por el juez Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo.
Además, la comisión deberá resolver si acepta o no la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas "con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local".
De acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de la comisión, se deberán evaluar las pruebas para determinar si se declara admisible ese pedido.
La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte que suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán por la presunta imposibilidad de los actuales mandatarios para buscar su reelección.
Después de la investigación por las presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.