El Tribunal Oral Federal número tres de San Martín condenó a diez meses de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre que violó en tres oportunidades el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia y, en una de ellas, intentar robar cables de la empresa Telecom.
La jueza Nada Flores Vega, en un fallo unipersonal, dispuso la condena contra el imputado (cuya identidad permanecerá en reserva), de 29 años de edad y ya detenido por otros delitos en la Unidad 36 del Servicio Penitenciario Bonaerense (cárcel de Magdalena).
El hombre fue condenado por haber violado el ASPO el 25 de marzo de 2020 cuando fue sorprendido en cercanías de la estación de trenes de Boulogne, oportunidad en la que además intentó “apoderarse en forma ilegítima, con fuerza en las cosas, de cables correspondientes a la empresa Telecom instalados en el tendido de la vía pública”.
También violó la ASPO el 4 de junio y el 6 de septiembre de 2020, con lo cual “podría haber generado peligro para la salud pública sin motivo, pues no se encontraba incluido dentro de las situaciones de excepción que prevé la normativa dispuesta sobre la materia”.
La condena, mediante el mecanismo de juicio abreviado, trepó a diez meses de prisión por “·violación de las medidas para evitar la propagación de una pandemia (tres hechos), tentativa de robo e interrupción del servicio de telecomunicaciones”.
La jueza evaluó como “atenuante”· para la condena que el imputado “proviene de un grupo familiar desintegrado con recursos socioeconómicos escasos, vivía con su madre (quien tiene problemas de salud) y sus dos hermanos y sobrinos; que antes de su detención se dedicaba a hacer trabajos de limpieza y albañilería, lo cual demuestra la presencia de hábitos laborales”.
“Tales circunstancias evidencian una situación de vulnerabilidad económica patente, que debe ser sopesada en su beneficio. Asimismo, pondero su bajo nivel de instrucción, pues informó que había cursado hasta 7º grado de la escuela primaria”, completó la jueza.
No obstante, como agravante la jueza evaluó “las graves consecuencias económicas para la empresa Telecom, que ante este tipo de ilícitos debe afrontar gastos de reposición y reparación del tendido”.