La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso la apertura del teléfono celular entregado por el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, en el marco de la causa en la que se investiga el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del año pasado, tal como le habían ordenado antes los tribunales de alzada.
No obstante, la expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja, sobre todo porque se trata de un dispositivo que el diputado adquirió después de ocurrido el atentado, remarcaron los abogados de la querella, que ya reclamaron a la justicia que se secuestren los teléfonos que tenía en la fecha del hecho.
"Corresponde secuestrar inmediatamente todos los dispositivos electrónicos en poder del diputado", reclamaron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en un escrito que presentaron el 5 de octubre último y que está a evaluación de la Cámara Federal porteña.
"Entre esos dispositivos debería haber, al menos, dos celulares que Milman sí tenía activos al momento del atentado y en los meses anteriores y posteriores", enfatizaron los abogados que, además, le achacaron a la jueza Capuchetti haber rechazado la medida con anterioridad ante un pedido de la querella pero también de la fiscalía.
En aquel escrito, la querella expuso que el dispositivo que entregó el diputado a la Justicia "sólo aparecía como vinculado con la línea de Milman a partir del 18 de noviembre de 2022", una fecha posterior a la del atentado ocurrido el 1 de septiembre de ese año.
La pista Milman
La denominada "pista Milman" se inauguró el 23 de septiembre del año pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.
"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.
La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Bohdziewicz) que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.