Crece la polémica en torno a la iniciativa enviada por el gobernador a la Legislatura con respecto a reformas en el Instituto de la Defensa.
Si bien el proyecto aún no fue aprobado, propone la reducción del número de defensores oficiales, a menos de la mitad.
Así lo destacó por LT 10, Estrella Moreno Robinson, titular del Servicio Público de la Defensa Penal.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa establece que el profesional que renuncie o se jubile no será reemplazado y quienes mantengan su trabajo, seguirán cobrando del Estado.
Moreno Robinson detalló que, en este contexto de crisis social y económico, entre el 70 y 90% de las personas detenidas e investigada por algún delito, reclaman el servicio de un defensor público.