El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Seguridad Social, realizaron una investigación sobre las licencias laborales en el sector público, y revelaron que hasta el 10 de diciembre de 2023 había 870 agentes públicos con licencias que acumuladas hacían a un total de 193.600 días.
Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social, explicó que al sumir, se encontraron con "un barco a la deriva" en la Dirección Provincial Autoseguro de Riesgos del Trabajo (ART), "donde no había directivas, coordinación en el organismo".
La primera acción fue darle un rumbo y solicitaron conocer indicadores y "nos encontramos con que al 10 de diciembre del 2023 había 870 agentes en la administración pública que estaban gozando de 193.600 días de licencia acumulada y empezamos a desagregar esta información".
Así, encontraron que 514 eran personal de educación que tenían una licencia acumulada de 114 mil días; 241 pertenecían al Ministerio de Seguridad, con 53.306 días de licencia acumulados; y 90 personas eran del Ministerio de Salud, con 22.542 días acumulados.
"Cada uno de estos días de licencia representan un costo para la provincia, que calculando 30 mil pesos, multiplicados por los 193 mil días, eran $5.300.000 sin contar el costo de las suplencias" detalló Boasso.
Además, resaltó la falta de dirección, ya que "los expedientes no tenían ninguna firma, se aceptaban los accidentes de trabajo y enfermedades como si nada, sin investigarlos, sin junta médica".
"Ajustamos los controles, el Ministerio de Salud nos mandó dos médicos, y al día de hoy redujimos tanto los agentes en licencia como los días. Al 30 de abril tenemos 338 agentes y gozan de una licencia que representan 74.800 días, la mitad de lo que había cuando asumimos" detalló el secretario.
También contó que "se aceptaba el certificado médico particular y entraba en un laberinto que era un círculo vicioso que empezamos a romper".
A modo de ejemplo, relató que en Rosario, en 2023 hubo 330 denuncias por enfermedades profesionales y Santa Fe tenía 49, y cuando van más profundo, descubren que "el 85% eran denuncias de disfonías del sector de educación", y que todos los certificados habían sido firmados por el mismo médico.