Este lunes, desde las 8, en Cochabamba 4183 (casi Iturraspe) se realiza el primer derrumbe de un puesto de venta de drogas, en el marco de la Ley de Microtráfico. El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles de la actividad en el lugar.
"Estamos inactivando tres lugares que fueron sindicados en audiencia como punto de venta de estupefacientes. El día de hoy se da inicio en la ciudad de Santa Fe a una parte de la política de microtráfico que ha generado la provincia, que consiste en atacar fuertemente la venta minorista, barrial, de estupefacientes, y devolver asi tranquilidad a los santafesinos que muchas veces no pueden salir de sus casas, porque alrededor de un lugar de venta de estupefacientes hay tiroteos", hay delincuencia, sostuvo el ministro.
Incluso contó que en este lugar en particular, "los narcos habían montado portones en los pasillos para controlar el ingreso, y los vecinos tenían que pedir permiso para entrar y salir a sus casas".
En tanto, el fiscal de Microtráfico, Fernando Vigo, brindó detalles sobre la investigación, en la cual hay tres imputados y un cuarto que está siendo interrogado en esta mañana.
Se trata del primer derrumbe de un búnker de venta de drogas en la capital provincial desde la sanción de la Ley de Microtráfico, que habilitó este tipo de medidas.
Vale destacar que en el sur provincial ya se llevaron adelante 20 demoliciones de puntos de venta de drogas que fueron identificados y judicializados en el marco de la Ley de Microtráfico: se trata de locales que estaban ubicados en Tiro Suizo, Empalme Granero y La Tablada de Rosario; uno en Fray Luis Beltrán, uno en Villa Constitución y uno en Puerto General San Martín.
A partir de un pedido realizado por el fiscal Agustín Nigro, la jueza Cecilia Labanca ordenó derribar dos búnkers de drogas que funcionaban en un mismo pasillo en la ciudad de Santa Fe. La medida fue dispuesta en una audiencia que se desarrolló esta mañana en los tribunales de la capital provincial.
El funcionario del MPA solicitó el cese del estado antijurídico en relación a los inmuebles –ubicados en Cochabamba al 4.100–, así como de dos portones de ingreso al pasillo, que servían para administrar la comercialización de estupefacientes y bloqueaban el acceso público. En tal sentido, valoró que "la magistrada hizo lugar a todo lo que solicitamos". El requerimiento respondió a las recomendaciones de actuación del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.