Este lunes 24 de marzo, cuando se conmemoran 49 años del golpe cívico-militar de 1976, miles de personas se movilizarán en Buenos Aires para recordar a las víctimas de la dictadura. A pocas horas del evento, el Gobierno Nacional confirmó que no se aplicará el protocolo antipiquetes para la marcha, señalando que esta movilización tiene un carácter pacífico y no encuadra dentro de la categoría de piquete.
Desde el Ministerio de Seguridad, que está encabezado por Patricia Bullrich, aclararon que el dispositivo policial será limitado. Trabajarán de manera coordinada con las fuerzas de seguridad porteñas para garantizar el orden sin intervenir en una protesta que, según se destacó, es completamente distinta a los piquetes que se registran en otros contextos. "La marcha es un concepto completamente distinto al de piquete", explicaron fuentes oficiales, subrayando que la intención es minimizar la presencia de efectivos en las calles.
La marcha, como es tradicional, partirá desde la exESMA y culminará en la Plaza de Mayo, donde se espera una gran concentración. Si bien el operativo de seguridad se centrará en el control del tránsito y en resguardar la seguridad de los asistentes, los funcionarios informaron que se realizará un monitoreo constante durante el evento, especialmente durante la desconcentración, para evitar posibles incidentes.
Patricia Bullrich supervisará el operativo en conjunto con Horacio Giménez, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con quien mantiene una relación de trabajo fluida. Esta colaboración contrasta con la tensa dinámica que existió en el pasado con su antecesor, Waldo Wolff. La comunicación entre ambos ministerios será clave para evitar desbordes en zonas sensibles como la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y el Congreso.
"En principio no esperamos incidentes, ya que estas marchas siempre han sido pacíficas, pero estaremos atentos a posibles infiltrados que intenten generar caos durante la desconcentración", aseguraron fuentes del Ministerio de Seguridad. De esta forma, el Gobierno mantendrá una postura de supervisión sin intervención, marcando una excepción dentro de su habitual política de tolerancia cero con las manifestaciones callejeras.