La Justicia porteña hizo lugar a una medida cautelar y ordenó que sea el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que esté a cargo del operativo de seguridad de la próxima marcha de los jubilados a la que este miércoles se sumarán los gremios agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), en la previa del paro nacional.
La medida fue tomada por el juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
Gallardo hizo lugar a recursos de amaro presentados por varios gremios nucleados a la CGT y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes pidieron "evitar la participación de fuerzas federales" en el operativo de este miércoles.
La reacción de Bullrich
El Ministerio de Seguridad Nacional presentó este lunes una denuncia formal por mal desempeño contra el juez Roberto Andrés Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acusación está motivada por una resolución del magistrado que impidió la intervención de las fuerzas federales de seguridad durante la movilización de jubilados prevista para este miércoles 9 de abril frente al Congreso Nacional.
La denuncia explica que los actores solicitaron al juzgado que “se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abstenerse de convalidar y/o legitimar la intervención de fuerzas federales en el territorio de la Ciudad, por fuera de los supuestos previstos por la ley 24.059”.