Marcelo Martín Bailaque desde este martes es exjuez federal de Rosario. Como el gobierno nacional publicó hoy el decreto 443/2025 en el Boletín Oficial por el que aceptó su renuncia y ya no goza de inmunidad por el cargo, entró en vigencia la prisión preventiva domiciliaria que se le dispuso por las tres carpetas judiciales por las que fue imputado este año.
Bailaque había presentado su renuncia el pasado 11 de junio. En ese escrito, solicitó que, de aceptarse, comenzara a regir desde el 1º de julio. El Ejecutivo nacional, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, hizo lugar a la presentación y desactivó el proceso que estaba en marcha en el Consejo de la Magistratura, donde estaba por votarse por la suspensión del magistrado y el inicio de un juicio político.
Los fiscales federales de Rosario que acusaron al juez en mayo pasado pidieron ahora que le coloquen la tobillera electrónica, como al resto de los imputados que se encuentran en esa condición.
La medida cautelar fue aplicada en una audiencia realizada este mediodía y regirá, en principio, por 90 días que se empiezan a contar desde este martes.
La domiciliaria fue dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario integrada por Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal, quienes consideraron que era más justa esa modalidad de arresto que la cárcel, como había considerado el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.
“Quedó puesto de manifiesto que había sido acordado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, al menos en forma tácita, que no mediaba peligro de fuga”, señaló Barbará al hacer referencia a un tramo de la exposición que hizo Diego Velasco, fiscal de la Procelac, uno de los que participó durante el debate.
Los fiscales federales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario) señalaron las posibles irregularidades que cometió el magistrado en tres causas puntuales: en el manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, en supuestas demoras en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, cuyo entramado societario tenía de contador –Gabriel Mizzau– al mismo que le llevaba los números al juez, y por una llamativa intensidad en una denuncia anónima contra un empresario que fue denunciado manera anónima y desprolija y terminó perjudicado, se cree, con posible connivencia con personal de la ex Afip y Aduana, en la hoy reconvertida Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Para los fiscales, fue curioso que mientras Mizzau era contador de Bailaque y de algunas de las empresas vinculadas al narcotraficante, el juez que tenía a cargo la instrucción de la investigación contra Alvarado denegó medidas como intervenciones telefónicas a Capuano, justamente relacionada con el contador. “El juez debería haberse excusado de intervenir”, señaló Scilabra sobre su accionar en el legajo contra el jefe narco.
La otra acusación contra el juez fue por el manejo de los fondos de la intervenida cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo. En ese expediente, el magistrado permitió el giro de mil millones de pesos hacia una mutual cuyo responsable es su amigo Fernando Whpei, cuando debió haberlo hecho hacia una entidad bancaria regulada por el Banco Central.
Reynares Solari le achacó al juez no haber hecho lugar a la recusación en su contra, que habían presentado un grupo de estibadores que indicaba que estaba beneficiando a su amigo, lo que constituía una irregularidad. Luego, el fiscal indicó que en las apelaciones ante instancias superiores, Bailaque no dejó asentado que era amigo de Whpei hasta que se lo consultaron los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda, en una segunda revisión de cámara. “Jamás negué que era su amigo”, contó el fiscal que respondió Bailaque.