La reciente decisión de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que obliga a la Argentina a entregar acciones de YPF como parte del pago por la expropiación de 2012, reavivó la preocupación sobre las consecuencias de un fallo que puede costarle al país más de 16 mil millones de dólares. En diálogo con LT10, dos exsecretarios de Energía de la Nación, Jorge Lapeña y Emilio Apud, brindaron un análisis crítico del proceso judicial y las decisiones políticas que llevaron a esta situación.
"Esto era un boleto de lotería ya premiado", advirtió Emilio Apud, exdirector de YPF y exsecretario de Energía, al referirse a la maniobra del fondo Burford Capital, que compró por 15 millones de euros los derechos del juicio y ahora espera cobrar miles de millones. "Kicillof declaró de entrada que no iba a respetar el estatuto de YPF. El juicio estaba cantado", afirmó.
Apud también cuestionó la falta de reacción del Estado: "El gobierno se relajó demasiado y dejó pasar el tiempo. No se está trabajando con la intensidad necesaria ni con un equipo ad hoc. Es urgente que el gobierno se tome esto en serio y negocie para reducir la sanción".
En la misma línea, el ingeniero Jorge Lapeña, presidente del Instituto General Mosconi y exsecretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, planteó: "Es un hecho desgraciado, de raíz política. El error fue someter a YPF a la jurisdicción norteamericana en los años 90. Las consecuencias las estamos pagando hoy".
Ambos expertos coinciden en que el fallo judicial es el resultado de una larga cadena de decisiones desacertadas. "En los ‘90 se desfiguró el rol histórico de YPF. Se pasó de ser la columna vertebral del sistema energético argentino a una empresa más, mal privatizada, mal regulada y peor reestatizada", sostuvo Lapeña. Y agregó: "Lo que se hizo con el ingreso del grupo Eskenazi fue una aberración. Compraron el 25% de la compañía sin poner un solo peso, con ganancias futuras".
En cuanto a la estrategia actual del gobierno nacional, Apud remarcó que “aunque Milei diga que no va a negociar con Burford, van a tener que hacerlo. En Estados Unidos es común sentarse a arreglar antes de que empiecen a ejecutarte todo".
Sobre el impacto institucional del fallo, Lapeña también fue contundente: "El gran interrogante es cómo este gobierno, que dice despreciar la función del Estado, va a defender el interés nacional en un juicio de semejante envergadura".
Ambos advirtieron que, más allá de las apelaciones en curso, la presión judicial y financiera se intensificará. “Estamos hablando de un juicio que acumula intereses por dos millones de dólares diarios. No hay tiempo que perder”, alertó Apud.