El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe presentó formalmente un proyecto propio ante la Convención Constituyente. La iniciativa está enfocada exclusivamente en el capítulo judicial de la reforma constitucional e incluye propuestas concretas sobre la composición de la Corte Suprema, el régimen de selección y control de jueces y fiscales, y la organización del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal.
La decisión de elaborar un texto y presentarlo ante los convencionales expresa la voluntad de los funcionarios del Poder Judicial de intervenir en el debate institucional que definirá el marco constitucional que regulará su funcionamiento en el futuro. “Nos parece fundamental que nuestra voz sea escuchada”, expresaron desde la entidad, que reúne a magistrados y funcionarios de toda la provincia.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por siete miembros y un Procurador General, con propensión a la paridad de género y representación regional, según lo determine una ley especial.
Se propone constitucionalizar el Consejo de la Magistratura, con participación de representantes del Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, universidades públicas y colegios profesionales. Tendrá a su cargo la organización de los concursos de oposición y antecedentes y la elevación de ternas para jueces, fiscales y defensores.
Se crea un Jurado de Enjuiciamiento integrado por miembros de los tres poderes, la abogacía y la sociedad civil, con competencia para juzgar y eventualmente remover a magistrados, fiscales y defensores.
El Ministerio Público se divide en dos órganos autónomos: el Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Fiscal General, y el Servicio Público de la Defensa Penal, a cargo del Defensor Provincial. Ambos gozan de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y deben regirse por los principios de legalidad, objetividad e independencia.
Se incorpora la figura de la Oficina Judicial, como órgano técnico-administrativo encargado de la organización de audiencias y recursos, bajo superintendencia judicial.
Se consagran como principios institucionales la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, la inamovilidad en los cargos, la intangibilidad de las remuneraciones y la incorporación de perspectiva de género, derechos humanos y diversidad como criterios transversales.