La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, defendió el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que la iniciativa «beneficiará tanto a empleados como a empleadores». No obstante, celebró que su tratamiento en el Senado se haya postergado hasta febrero, al considerar que ese plazo permitirá perfeccionar el texto y corregir puntos específicos.
En diálogo con una Radio 2, la legisladora calificó la propuesta como «un paso adelante para la Argentina» y explicó que presentó modificaciones concretas al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) para ampliar su alcance. «Propuse bajar los montos para que puedan acceder pymes y micropymes. Algunas cosas fueron tomadas, como permitir el ingreso de personas físicas», detalló. En ese sentido, remarcó que «el 85 % del campo son personas físicas» y consideró clave que ese sector pueda acceder a los beneficios fiscales.
Losada afirmó estar «muy de acuerdo con la ley» y sostuvo que muchas de las herramientas propuestas «ya existen de hecho», pero que su incorporación al marco legal otorgará previsibilidad. «Que estén en una ley genera reglas claras», afirmó, y destacó especialmente el sistema de fondo de cese laboral para indemnizaciones, al que definió como «un gran alivio».
Como ejemplo, mencionó la situación tras el fin de la concesión del puente Rosario-Victoria: «Hay 800 personas que no saben cuándo van a cobrar su indemnización. Con esta ley, ese dinero estaría garantizado», subrayó.
Consenso y validez legal
La senadora también defendió figuras como el banco de horas y la adecuación de las vacaciones, siempre bajo acuerdos voluntarios entre las partes. «Nada es impuesto por la ley. Todo es por consenso y queda escrito», explicó, y resaltó el rol de los delegados sindicales como representantes de los trabajadores dentro de cada empresa.
Ante los cuestionamientos sobre una posible inconstitucionalidad de la reforma, Losada fue tajante. «Es falso», aseguró, y señaló que fue asesorada por el constitucionalista Félix Lonigro. Además, diferenció la iniciativa del antecedente del DNU 70/2023: «La Justicia objetó que se hiciera por decreto. Si se aprueba por ley en ambas cámaras, es válido».
Disidencias por el Estatuto del Periodista
Uno de los puntos donde marcó disidencias fue la derogación del Estatuto del Periodista. Aclaró que no se opone a su actualización, pero cuestionó la forma. «No es que no haya que cambiarlo, pero debe haber un período de adecuación. Cambiemos el estatuto en lugar de derogarlo», sostuvo, y remarcó que la normativa vigente garantiza aspectos centrales vinculados a la libertad de expresión.
Por último, se refirió al debate presupuestario y confirmó que el capítulo 11 —rechazado en Diputados y que incluía la derogación de leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario— no llegará al Senado. Sobre ese punto, recordó que votó a favor de la emergencia en discapacidad y reclamó que el Gobierno nacional garantice las prestaciones por otras vías.