La Libertad Avanza quiere aprobar en el Senado con la reforma laboral durante los primeros días de febrero. Pero para reunir los votos deberá hacerle cambios a la letra chica en el recinto. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se cargó el asunto al hombro y, si bien logró hacerse con el dictamen de mayoría, reconoció que están dispuestos a hacerle cambios al proyecto para reunir los votos, siempre y cuando, el espíritu de la ley no se vea afectado. Por eso, el ministro del Interior Diego Santilli arrancó el operativo seducción: el futuro de la ley está en manos de los gobernadores. ¿Cuánto pueden aportar los "afines" a la Casa Rosada?
Para la reforma laboral, el oficialismo cuenta con 20 manos en el Senado, además de Luis Juez. El cordobés, si bien armó rancho aparte, juega con el Gobierno. Es decir, al oficialismo le restan al menos 16 voluntades para reunir el quorum reglamentario y poner en marcha una sesión para debatir el proyecto.
Para eso, el visto bueno de los radicales, que tienen 10 bancas, más de algunas fuerzas provinciales, son decisivas. De no conseguir estos avales, la “Modernización Laboral”, como la bautizaron en la Casa Rosada, peligra.
Los reparos en el partido centenario son varios. “Sí tiene que haber una reforma”, dijeron altas fuentes de la UCR. Pero, por caso, cuestionan que el fondo de cese que crea la ley se financie con fondos de la Anses. El partido que conduce Leonardo Chiarella hará un “estudio minucioso” para tener una postura clara. Por lo pronto, lo que sí está claro es que así como está no acompañan el texto.
Ahora bien, hay otro punto del proyecto que no convence, no solo a la UCR -que tiene cinco gobernadores- sino a las bancadas que representan, precisamente, a los oficialismos provinciales. Se trata del artículo 191 que introduce modificaciones en el impuesto a las ganancias.
En él se modifica la escala para el pago del impuesto a las ganancias de las sociedades. En concreto se reduce la alícuota, lo que impacta en una menor recaudación del tributo y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias. Los distritos perderían $1.729.044 millones en 2026, de acuerdo a un informe que circula entre los gobernadores peronistas al que tuvo acceso Ámbito. El estudio fue elaborado por el diputado de Unión por la Patria el entrerriano Guillermo Michel y distribuido entre los jefes provinciales del PJ como insumo para analizar el proyecto.