El plan criminal atribuido al empresario ganadero Leonardo Airaldi, que presuntamente contrató a sicarios uruguayos para matar al juez federal de Paraná Leandro Ríos; el fiscal José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, obligó a las autoridades a desplegar un operativo de protección inédito. Desde que se conoció el caso cuentan con custodia reforzada.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron a Quorum que se dispuso un refuerzo específico sobre el fiscal Candioti, mientras que desde el Consejo de la Magistratura señalaron que “se está haciendo un acompañamiento para que el proceso se lleve adelante y coordinando con fuerzas federales”, en referencia al esquema de protección implementado tras la detección de las amenazas.
El propio Roncaglia, en una entrevista con Radio Mitre, confirmó que la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a cargo de la seguridad de los funcionarios judiciales, y que la Policía de Entre Ríos colabora en el operativo. “Nosotros también tenemos la obligación de brindar seguridad a todas las instituciones. En este caso está la Policía Federal brindando la seguridad al juez federal y al fiscal federal”, explicó. El ministro agregó que, en su caso personal, la custodia también fue reforzada por orden judicial.
Roncaglia reconoció su sorpresa creció cuando cuando supo que el presunto plan incluía tareas de inteligencia sobre sus movimientos personales. “La primera vez que salí, el 25 de enero, agarré mi moto solo y me fui a una quinta con amigos. Es increíble cómo sabían eso de esta gente, evidentemente se hizo mucha inteligencia”, reveló el funcionario. Y remarcó: “Yo digo, la pucha, esto es real, no es mentira. Es un dato cierto”.
La investigación, a cargo del fiscal federal Pedro Rebollo y el juez Hernán Viri en Gualeguaychú, se originó a partir de las declaraciones de tres internos que compartían pabellón con Airaldi. Según Roncaglia, esos detenidos decidieron declarar con su identidad y revelar los detalles del plan. “Son tres los internos que declararon, no declararon bajo reserva de identidad, dieron su cara, su nombre y dijeron todo lo que se estaba planificando dentro de la Unidad 9”, afirmó.
De acuerdo con el expediente, Airaldi —un empresario rural que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante— habría ofrecido 40 mil dólares a sicarios uruguayos para asesinar al juez Ríos y al fiscal Candioti, en represalia por las causas de narcotráfico que enfrenta. “Evidentemente, debe haber estado destilando mucha bronca contra las instituciones, porque se creía intocable y pensaba que nadie lo iba a detener”, sostuvo Roncaglia.
El ministro también confirmó que el acusado permanece aislado en la unidad penal de Gualeguaychú y que se pidió su traslado a un penal federal de máxima seguridad. “Se ha pedido el traslado a la cárcel de Ezeiza. Por lo pronto lo tenemos aislado esperando que se inicie el juicio”, indicó.