El diputado nacional Pablo Farías se refirió a la crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino tras el ingreso de un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo que busca modificar la ley de financiamiento actual. Según el legislador, la propuesta oficialista desconoce la pérdida salarial acumulada y pone en riesgo la calidad académica del país.
En una entrevista exclusiva con LT10, Farías —quien mantuvo reuniones recientes con el rector saliente de la UNL, Enrique Mamarella, y la rectora electa, Laura Tarabella— señaló que existe una "resistencia muy fuerte" del Gobierno nacional a sostener un funcionamiento normal de las universidades.
"El Gobierno intentó introducir un artículo para derogar las leyes de financiamiento de emergencia no solo del sistema universitario, sino también de salud pediátrica y discapacidad. Ahora, a través de este nuevo mensaje, buscan establecer un límite al desarrollo presupuestario desconociendo lo que se ha perdido salarialmente en los últimos años", explicó el diputado.
Farías detalló que, según las estadísticas basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el sector universitario sufrió una pérdida del 38% durante el 2024 y un acumulado del 14% en 2025. "La nueva ley que propone el Ejecutivo no contempla esa recomposición; solo ofrece una proyección de inflación con incrementos que no alcanzan a compensar el deterioro", advirtió.
El legislador alertó sobre las consecuencias inmediatas de este ajuste: "Ya se nota la sangría de docentes y no docentes que se vuelcan a la actividad privada. Perder un docente formado e investigador no se recupera fácilmente e implica un deterioro académico grave".
Consultado sobre el panorama en el Congreso, Farías reconoció que el cambio en la composición de las cámaras favorece actualmente al oficialismo, pero apeló a la "conciencia generalizada" que permitió aprobar la ley de emergencia el año pasado, incluso superando vetos presidenciales.
"Lo ideal sería encontrar un ámbito de diálogo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y todos los sectores involucrados, en lugar de forzar una dinámica de fricción constante", sostuvo. Además, cuestionó las prioridades del Gobierno al señalar que, mientras se recortan fondos estratégicos para educación y ciencia, se disponen de recursos para otras áreas como inteligencia o el sistema financiero.
En sintonía con las declaraciones del diputado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado exigiendo el cumplimiento inmediato de la ley vigente. Cabe recordar que la aplicación de la normativa se encuentra actualmente judicializada, tras la presentación de una medida cautelar por parte de las universidades ante el incumplimiento de las partidas y la falta de convocatoria a paritarias.
"La universidad pública argentina es vanguardia y es el camino que hay que incentivar. El Gobierno no parece entenderlo de la misma manera", concluyó Farías.