En una audiencia imputativa realizada en las últimas horas, la justicia santafesina formalizó los cargos contra un empresario uruguayo, recientemente extraditado desde su país, por un caso de tentativa de extorsión que comenzó en octubre de 2025. A pesar de la gravedad de la acusación, el imputado cumplirá la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a complicaciones en su estado de salud.
Según la investigación liderada por la fiscal Laura Urquiza, la víctima —un exportador de cereales— comenzó a recibir mensajes amenazantes de diversos números desconocidos donde se le exigía el pago de una presunta deuda de 100.000 dólares. Estos mensajes mencionaban directamente al empresario uruguayo, con quien la víctima mantenía vínculos comerciales previos.
La fiscal Urquiza explicó que el rol del extraditado fue clave para el accionar de la banda, integrada también por tres personas oriundas de Santa Fe. "Su rol fue el de aportar la información esencial y sensible sobre la vida privada de la víctima, lo que permitió a los autores materiales contar con ese recurso indispensable para intimidar a la víctima con sus amenazas", detalló la funcionaria judicial.
Las amenazas escalaron al punto de que el denunciante recibió fotografías de su núcleo familiar y detalles precisos sobre la escuela a la cual asiste su hijo menor. Incluso, dos de los cómplices locales se presentaron físicamente en el local comercial de la pareja de la víctima para amedrentarlo.
Extradición y salud
El acusado fue localizado en Uruguay gracias a la intervención de Interpol en diciembre pasado, tras lo cual se inició el trámite de extradición que culminó con su arribo al país ayer.
Por su parte, el abogado defensor, Jorge Questa, fundamentó el pedido de prisión domiciliaria basándose en la delicada salud de su cliente. "En base a los antecedentes médicos de esta persona y las constancias de su necesidad de estar permanentemente atendido, acordamos un arresto domiciliario para que cumpla la prisión preventiva en un domicilio cerca de un centro de salud", señaló el letrado.
Questa precisó que el imputado es un importador de cereales con empresas en el país vecino y que estará bajo control policial estricto: "No puede salir, va a estar comunicado y tiene visitas periódicas sorpresivas. Está a una cuadra de una comisaría".
El futuro de la causa
La pena expectativa por este delito oscila entre los 2 años y medio y los 10 años de prisión. Mientras los otros tres implicados ya se encuentran cumpliendo prisión preventiva, la fiscalía no descarta arribar a un procedimiento abreviado. "Estamos en tratativas con las distintas defensas y con la víctima misma para ver de qué manera vamos a arribar al final de esta investigación y a la resolución del conflicto", concluyó Urquiza.