La causa judicial contra el exministro Marcelo Saín ha entrado en una instancia decisiva tras la finalización de las audiencias preliminares.
En este marco, el fiscal Ezequiel Hernández explicó que el juez debe definir en los próximos días si la causa cuenta con elementos suficientes para ser elevada a juicio oral. Según la fiscalía, existen pruebas sólidas para acreditar que los acusados cometieron los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación.
El eje de la acusación es el presunto direccionamiento de una licitación millonaria para la compra de armamento para la policía de Santa Fe. Hernández sostiene que el pliego de bases y condiciones fue elaborado "a medida" de una firma comercial específica, asegurando que fuera la única oferente capaz de cumplir con los requisitos. El armamento en cuestión incluía desde pistolas 9 mm hasta material de alta letalidad como subfusiles, ametralladoras y fusiles para francotiradores. El fiscal aclaró que, aunque no se ha demostrado una contraprestación dineraria —lo cual implicaría otro tipo de delito—, sí se probó el interés del funcionario por beneficiar a un tercero en lugar de buscar lo mejor para el Estado.
El conflicto por las pruebas y los allanamientos
Durante la audiencia, la defensa de Saín intentó anular pruebas clave cuestionando la legalidad de los allanamientos realizados en el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, el fiscal Hernández desestimó estos planteos argumentando que, al tratarse de oficinas públicas, no existe la "expectativa de privacidad" que protege a un domicilio particular y, por lo tanto, no se requiere la orden de un juez para secuestrar elementos de utilidad para la causa. Este criterio ha sido respaldado por diversos jueces en instancias previas del proceso.
Además de Saín, la fiscalía acusa a otros exfuncionarios de su gestión, entre ellos el entonces secretario de Seguridad, el habilitado ministerial y el jefe del D4 de la policía provincial. La empresa beneficiaria también fue acusada, aunque actualmente se encuentra en rebeldía.
En cuanto a las sanciones, la fiscalía ha solicitado una pena de 5 años de prisión para el exministro. Adicionalmente, de ser hallado culpable, Saín podría enfrentar una multa millonaria, ya que la ley establece una reparación económica de entre dos y seis veces el monto del beneficio que se pretendía obtener en la licitación. Se espera que la resolución del juez sobre la elevación a juicio se dé a conocer en las próximas dos semanas