El fiscal Estanislao Giavedoni se mostró conforme con la sentencia dictada contra Leandro Caminos (25), hallado culpable del asesinato de Maximiliano Ezequiel Pereira, ocurrido el 22 de enero de 2022 en el barrio El Abasto. En declaraciones al móvil de LT10, el funcionario judicial destacó la complejidad del proceso y adelantó que apelará el rechazo a la prisión preventiva del ahora condenado.
"Estamos conformes con el desarrollo del juicio. Este tipo de casos tienen particularidades propias de situaciones que se desarrollan en marcos violentos", explicó Giavedoni. El fiscal señaló que el proceso se extendió por más de tres años, un periodo en el que los testigos suelen ser renuentes a participar por temor.
Durante la investigación, el coautor del crimen ya había sido condenado mediante un acuerdo de procedimiento abreviado a la pena de 14 años de prisión. Sin embargo, en el caso de Caminos, diversos acuerdos se frustraron durante la primera etapa, lo que llevó al vencimiento de los plazos de la prisión preventiva y a que llegara al juicio en libertad.
El pedido de detención
Tras la lectura del fallo que le impuso 18 años de cárcel como coautor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, la fiscalía solicitó nuevamente su detención inmediata. No obstante, el tribunal rechazó el pedido.
"Consideramos que hoy existe un riesgo de fuga, a pesar de que la persona asistió a todas las jornadas del juicio. Seguramente la fiscalía va a apelar esa parte", afirmó el fiscal. Por el momento, Caminos deberá cumplir con presentaciones periódicas ante la Justicia hasta que la condena quede firme.
El hecho y el móvil
El crimen ocurrió el 22 de enero de 2022 en el norte de la ciudad, cerca del barrio El Abasto. Según la reconstrucción judicial, Caminos conducía una motocicleta junto a otro joven. Ambos interceptaron a Pereira, quien circulaba con su pareja, y le dispararon. Tras caer al suelo, el acompañante descendió del vehículo y remató a la víctima.
Respecto al motivo del ataque, Giavedoni indicó que durante el debate se acreditó la existencia de un "conflicto previo" que mantenían la familia de la víctima y los familiares del condenado desde hacía un tiempo atrás.