El Gobierno provincial avanzó en la definición de un marco legal para abordar la problemática de los cuidacoches en el territorio santafesino. La propuesta evita una prohibición generalizada en toda la provincia, delegando en cada municipio la facultad de regular su espacio urbano, pero otorgando a la Policía la potestad de intervenir ante infracciones a las ordenanzas locales.
"Para nosotros era un error plantear una prohibición a nivel general en la provincia, porque estaríamos entrometiéndonos en facultades que son propias de los gobiernos locales", explicaron fuentes oficiales. El objetivo es que la norma provincial preste la "coacción pública" a las normativas municipales: si una ciudad prohíbe la actividad en determinada zona, la policía podrá intervenir, retirar a los infractores y elaborar los informes correspondientes.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las contravenciones municipales adquieran carácter provincial para habilitar la actuación policial. "Los intendentes no tienen la fuerza pública. Con esta norma, podrán requerir el auxilio de la policía ante una infracción evidente, sin necesidad de una orden judicial previa", señalaron.
Asimismo, se propone que los municipios actúen como "fiscales" o perseguidores oficiales en estos casos, para no sobrecargar el sistema judicial penal con faltas contravencionales. Esto permitirá que cada gobierno local priorice qué zonas o modalidades —como el estacionamiento medido o los espectáculos públicos— requieren mayor control.
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que, aunque la actividad se encuentra en una "zona gris", existen riesgos asociados al delito. En Santa Fe se reciben, en promedio, cuatro llamados diarios al 911 por incidentes con cuidacoches, mientras que en Rosario la cifra asciende a 16.
"El 911 no está solo para cuando el delito ya se consumó, sino para actuar ante actitudes sospechosas. Hoy la policía tiene la facultad de identificar personas, pero lo que buscamos con la ley es poder actuar específicamente sobre la infracción de realizar la actividad donde está prohibida", aclararon las autoridades.
El proyecto reconoce que no todos los cuidacoches representan un riesgo delictivo. "Es un universo muy complejo. Hay personas que cometen delitos o son violentas, pero también hay situaciones de convivencia histórica en los barrios donde los vecinos defienden a quienes realizan la actividad hace años", admitieron.
La estrategia apunta a un trabajo quirúrgico caso por caso, coordinando la seguridad con políticas de contención social e interministerial. "El que diga que esto tiene una solución única para toda la provincia, está mintiendo. Cada municipio deberá administrar sus recursos y decidir por dónde empezar a aplicar las penalizaciones", concluyeron.