El diputado provincial Fabián Palo Oliver y su asesor legal, el Dr. Rodrigo Fernández, ratificaron ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el pedido de juicio político contra los magistrados que integraron el tribunal de primera instancia en el juicio a Juan Trigatti. La acusación se fundamenta en presunto mal desempeño, parcialidad manifiesta y la supuesta "adulteración de pruebas" para sostener una tesis absolutoria.
Según explicó el Dr. Fernández, el pedido de jury señala que los jueces se apartaron del derecho vigente al ignorar las pruebas rendidas y construir una "plataforma fáctica distorsionada". "Entendemos que hubo una parcialidad manifiesta en contra de las denunciantes, llegando incluso a condenar en costas a las madres de las víctimas en la primera instancia", señaló el abogado.
La querella sostiene que el tribunal de primera instancia basó su fallo en una teoría de "sugestión masiva" o inoculación de relatos, argumentando que las denuncias fueron fruto de una confabulación. Sin embargo, Fernández afirmó que esta hipótesis nunca fue probada: "Se inventó contenido de mensajes de WhatsApp, se corrieron cronológicamente hechos para que coincidan con la teoría de la defensa y se incorporaron hechos ficticios que no estaban en la causa".
El asesor legal destacó que el tribunal de alzada, que posteriormente condenó a Trigatti, echó luz sobre estos errores. "Se utilizó una pseudociencia no forense para descartar testimonios en Cámara Gesell. Una de las niñas relató los abusos cantando y otra con una muñeca; nada de ese estrés traumático fue valorado por el primer tribunal", detalló.
Por su parte, el diputado Fabián Palo Oliver vinculó el accionar de los jueces con una intención de "romper con la perspectiva de género en la justicia y desalentar las denuncias por abuso sexual infantil".
"Vemos una campaña para difamar a quienes denuncian. Según la OMS, solo el 0,3% de las denuncias por estos delitos son falsas. El Estado debe abrazar a las víctimas, no revictimizarlas ni abandonarlas", enfatizó el legislador. Palo Oliver sostuvo que la gravedad institucional radica en que los jueces habrían tergiversado testimonios y cronologías para forzar un resultado, lo que motivó el pedido de remoción.
Tras la ratificación de la denuncia, el tribunal de enjuiciamiento deberá evaluar los pasos a seguir. Se espera que se dé traslado de la acusación a los jueces señalados para que ejerzan su derecho de defensa. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia aún debe resolver sobre recursos de inconstitucionalidad planteados por la defensa de Trigatti, en un caso que mantiene dividida a la opinión pública santafesina.
"No atacamos el fallo por su resultado, sino por la metodología ilegal empleada. Cualquier proceso donde los jueces incorporen 'hechos fantasmas' para justificar una sentencia debe ser evaluado por el mecanismo institucional que prevé la Constitución", concluyó el Dr. Fernández.