La medida fue impulsada por el grupo editorial Ámbito Financiero, que recurrió a la Justicia para solicitar la restitución inmediata del acceso de sus cronistas acreditadas a la sede del Poder Ejecutivo, luego de que se les impidiera el ingreso.
El recurso judicial fue presentado por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., responsables de la publicación de Ámbito Financiero, y solicita una medida cautelar innovativa para que se levante de manera urgente la restricción. El pedido busca garantizar el retorno al trabajo de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, históricamente acreditadas en la Casa Rosada.
Según el planteo, la decisión del Gobierno vulnera derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. La acción sostiene que la prohibición de ingreso afecta directamente el ejercicio profesional del periodismo y el funcionamiento de la cobertura de la actividad presidencial.
Origen del conflicto y decisión oficial
El conflicto se originó cuando el Ejecutivo dispuso la baja de las huellas digitales y credenciales de todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida fue ejecutada por la Casa Militar, responsable de la seguridad presidencial, y dejó sin acceso a cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos que cubren diariamente la actividad del Gobierno.