La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe dispuso este sábado una medida de protección excepcional de urgencia en la delegación Reconquista, a partir de la cual una niña de 4 años, identificada como Zoe, quedó bajo el resguardo del organismo administrativo del Estado. La menor se encontraba conviviendo desde diciembre pasado con una pareja radicada en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, sin que mediara ningún tipo de marco legal ni vinculación familiar con la madre biológica.
En diálogo con LT10, la titular del área provincial, Daniela León, aportó precisiones sobre el caso y confirmó que la intervención se ejecutó tras un pedido formal del Poder Judicial. "Tomamos una medida con una niña que vivía con un matrimonio que no tenía ningún aval legal para tenerla en su casa. De hecho, les solicitamos que la trajeran con su documentación y se presentaron sin el Documento Nacional de Identidad (DNI)", detalló la funcionaria.
Según el informe estatal, el matrimonio había acudido de manera informal a la Secretaría en diciembre para consultar sobre los requisitos para obtener la guarda o tutoría de un menor. En esa oportunidad, se les notificó que el procedimiento correspondiente requería la inscripción obligatoria en el Registro Único de Aspirantes a la Adoptabilidad por la Provincia de Santa Fe (RUAGA). Sin embargo, los adultos omitieron declarar en esa instancia que ya tenían a la niña bajo su cuidado.
La alarma de las autoridades provinciales se encendió en enero, al entrecruzar los datos de los solicitantes con otra delegación.
El mismo matrimonio se había presentado anteriormente en la delegación del departamento Vera con la intención de acoger a un niño de 4 años. En aquella oportunidad, el organismo les denegó el ingreso al sistema de familias de cuidado debido a que manifestaron explícitamente su deseo de adoptar al menor, una condición incompatible con el carácter transitorio del programa.
Las autoridades ratificaron que los involucrados no pertenecen a ningún programa oficial ni figuran inscriptos en los registros del RUAGA.
Ante la gravedad del escenario y tras la recolección de los informes de los servicios locales, la Secretaría de Niñez radicó una denuncia penal en los tribunales competentes para investigar la posible comisión del delito de apropiación ilegal de menores.
La postura de la madre biológica —una mujer que posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD)— fue determinante para la resolución administrativa. Según manifestó la funcionaria, la progenitora declaró haber aceptado ayuda informal para el cuidado temporal de su hija, pero rechazó de forma categórica que la menor permaneciera de forma definitiva con el matrimonio de Guadalupe Norte.
"Los adultos que se llevaron a la niña aducen haber detectado situaciones de vulnerabilidad en su centro de vida. Sin embargo, la mujer implicada es docente y sabe perfectamente que ante cualquier sospecha de vulneración de derechos el camino es la denuncia ante las instituciones correspondientes, no llevarse a un menor a su domicilio particular", enfatizó León.
El interés superior de la menor
Frente a las movilizaciones vecinales impulsadas por el matrimonio en la región, la secretaria lamentó la exposición pública del caso y advirtió sobre la "revulneración" a la que se somete a la niña al difundir su identidad en medios y redes sociales. "Toda la legislación, desde la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño hasta nuestras leyes nacionales y provinciales, sitúan el foco en el interés superior del menor, mientras que aquí se pretendió priorizar el deseo o la necesidad de los adultos", argumentó.
Respecto al estado actual de la niña, León transmitió tranquilidad y confirmó que se encuentra bajo el cuidado de una familia seleccionada mediante los programas oficiales de tránsito de la Provincia, alojada en un entorno protegido y asistiendo regularmente a la escuela.