La preocupación por la realidad de las pequeñas y medianas empresas volvió a encenderse luego de que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) le pidiera formalmente a la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— que suspenda los embargos a las firmas del sector. El reclamo apunta a evitar que continúen los cierres en un contexto marcado por la caída del consumo, la pérdida de empleo y las dificultades para sostener la actividad.
En ese marco, el director del Observatorio PYME Santa Fe, Sergio Buchara, analizó la situación en el aire de LT10 y aseguró que todavía no hubo una respuesta oficial del organismo recaudador al pedido realizado por la entidad empresaria.
“ARCA todavía no dio una respuesta formal a la carta que le mandó la Cámara de Comercio. Es un pedido muy reciente”, explicó Buchara, quien vinculó directamente el reclamo con “la caída estrepitosa de pequeñas y medianas empresas en este último semestre”.
Según detalló el especialista, el principal temor radica en el impacto directo que provocan estas medidas sobre la operatoria diaria de las firmas: “Embargo significa el congelamiento de cuentas, no poder pagar sueldos ni servicios. Es decir, bloquearle directamente el flujo de capital a las pymes que ya están pasando por situaciones gravísimas”.
El mapa de la crisis: empleo y sectores afectados
Durante la entrevista, Buchara sostuvo que desde la asunción de Javier Milei ya cerraron más de 24.000 empresas a nivel nacional y que la pérdida de puestos de trabajo formales se acerca a los 300.000. “Esto te da la idea de la dimensión de la crisis en el sector”, afirmó.
El Observatorio viene monitoreando el impacto de la apertura de importaciones sobre distintas cadenas productivas y remarcó cuáles son los rubros más castigados por la coyuntura actual. “Textiles, indumentaria, calzado, alimentos, metalmecánica y línea blanca... En esos sectores la caída es una curva ascendente que no para”, indicó.
En relación con la provincia de Santa Fe, Buchara aseguró que los números locales también muestran un deterioro importante. “Estamos hablando de unas 2.300 o 2.400 pymes menos y más de 12.000 puestos de trabajo perdidos”, señaló sobre el relevamiento realizado entre 2025 y 2026.
Dudas sobre el RIMI y costos estructurales
Otro de los temas abordados fue el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), impulsado por el Gobierno nacional. Si bien reconoció que puede representar “un respiro” para algunas empresas, el director del observatorio planteó dudas sobre su alcance real y su sostenibilidad en el tiempo.
“Va direccionado a cuestiones de cadenas de valor, telecomunicaciones, agricultura, sistemas de riego o tecnologías aplicadas al campo”, explicó. En el caso de Santa Fe, consideró que podría tener un impacto focalizado en áreas vinculadas a la robotización y la incorporación de drones o tecnología aplicada al agro.
Sin embargo, aclaró que existen obstáculos estructurales que siguen asfixiando al sector productivo, independientemente de los incentivos fiscales. “Los costos argentinos de energía, transporte y flete hacen muy difícil apostar a estas líneas de inversión y lograr que realmente sean rentables y sustentables”, sostuvo.
Finalmente, el especialista pidió que las decisiones vinculadas a los embargos y al alivio fiscal no se resuelvan únicamente a través del Poder Ejecutivo, y reclamó un debate parlamentario más amplio. “Son temas muy delicados que tienen que ser debatidos en el Congreso. No puede ser solamente por decreto, sobre todo por el efecto social y económico que tiene toda esta cuestión”, concluyó.